¿Guerra avisada no mata gente?

Lo ocurrido el pasado sábado con el pedido de asilo del ex presidente Alan García Pérez —en la residencia de la Embajada de Uruguay— constituye un hecho que podría traer insospechadas consecuencias para el futuro del país, debido a la inestabilidad política que generan los continuos escándalos que en ese campo se vienen registrando durante los últimos meses.

Desde que salió la noticia del asilo de Alan, la mayoría de medios nacionales —digitados desde IDL— se han dedicado a una tarea de demolición de la alicaída imagen del que fue dos veces presidente de la República. La dirigencia aprista sostiene que su líder apeló al asilo porque el fiscal José Domingo Pérez pretendía tenderle una celada para conseguir que el juez decretara la prisión preventiva de 36 meses, similar a la que hoy soportan Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular.

Y es que, valgan verdades, hoy día en el Perú se está abusando de la “prisión preventiva” antes de una sentencia, basada en el empleo indiscriminado de supuestos, sin corroboración alguna. Creemos que todos los responsables de la corrupción reinante en los estamentos del Estado deben ser juzgados con severidad, pero con cada uno de ellos hay que respetar el debido proceso para evitar excesos.

Esta situación que hoy tiene como protagonista al ex presidente, Alan García y al Apra, hace algunas semanas afectó a Alberto Fujimori Fujimori, con la anulación de su indulto, y luego a Keiko Fujimori Higuchi. Es decir, estas medidas han permitido que las dos principales fuerzas opositoras del actual régimen se encuentren fuera de juego, situación que podría generar la aparición de “Aventureros de la Política” en el corto plazo. Hay que sancionar a los responsables, pero también hay que preservar a las instituciones democráticas para evitar caer en la anarquía.

Con este panorama, resulta peligroso que el presidente, Martín Vizcarra, mantenga, desde julio pasado, continuos enfrentamientos con el Congreso, utilizando todos los escenarios públicos posibles para pedir el retiro del fiscal de la Nación y una mayor dinámica del Parlamento. Y sin respetar la autonomía de los poderes del Estado; pero eso sí, con el apoyo de una gran maquinaria mediática.

En lo que respecta al Poder Judicial, tras la renuncia de su presidente, Duberlí Rodríguez, se anunciaron cambios para agilizar la justicia. Pero nada de eso ocurre hasta ahora, y su actual titular —el doctor Víctor Prado Saldarriaga— brilla por su ausencia en el debate sobre tan delicado tema, como es la reforma del Sistema Nacional de Justicia.

Ante este sombrío panorama con visos de maquiavelismo, urge que tanto el presidente Martín Vizcarra, como su primer ministro retomen el camino de la cordura y la serenidad que requieren las actuales circunstancias, para recuperar el rumbo del desarrollo económico, que tanta falta le hace al país.

La concertación de voluntades políticas y el respeto a la autonomía de los poderes del Estado son fundamentales si no queremos caer en manos de aventureros como Daniel Ortega, Hugo Chávez o el nefasto Nicolás Maduro.

Hoy la situación en el Perú todavía no es tan seria, pero si no rectificamos podría salirse de control. Los populismos históricamente han resultado fatales para el destino de las naciones. Para ello quiero traer a colación un antiguo dicho popular: “Guerra avisada no mata gente”.