El poder es dinámico, no estático

El paso del expresidente Pedro Castillo durante diecisiete meses ejerciendo el cargo de jefe de Estado y gobierno “empoderó” los sectores informales e ilegales existentes desde hace años en el Perú. El narcotráfico y los remanentes terroristas que los protegen en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (en adelante, el Vraem). La minería ilegal, el contrabando y la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos internos son flancos de corrupción convertidos en estados paralelos dentro de nuestro territorio. (1) Durante el gobierno de Pedro Castillo se decidió suspender la erradicación de la hoja de coca con el pretexto de evitar una paralización convocada por la Federación de Productores Agrarios del Vraem. (2) En la Región Puno existen zonas liberadas para el contrabando y salida de nuestros minerales. Los precios internacionales del oro, la debilidad institucional y la necesidad de nichos económicos y laborales permitieron su expansión en los últimos veinte años. (3) Las elecciones generales financiadas por gobiernos y empresas extranjeras durante los procesos electorales de 2006, 2011, 2016 y, concretamente, el año 2021 abonaron el terreno mediante un gobierno electo que aumentó sus ganancias ilegales. 

El fallido golpe de Estado y sus consecuencias se explican tras la pérdida del incremento de espacio y dinero ganado durante diecisiete meses por un gobierno electo para formalizar un Estado paralelo. Las propuestas de nueva Constitución buscaban consolidar un nuevo régimen mediante un estatuto exento del control político e imperio del Derecho. El cambio del capítulo económico que limita la intervención estatal como empresario, la expulsión de la minería informal y la consolidación del narco-Estado fueron los objetivos subalternos de la frase de campaña: “no más pobres en un país rico”.

Los documentos encontrados y expuestos a la luz pública por el programa periodístico “Contracorriente” prueban el intento de un golpe de Estado y sus propósitos para asegurar la sucesión del poder sin alternancia democrática. La crisis interna muestra las tensiones existentes entre el Estado formal e informal. El primero que no alcanza los cien kilómetros de altura para ejercer el ius imperium; apenas las plazas de armas y alrededores, pero al interior no rige ni el Código civil. El segundo lleva décadas en nuestro país y gana terreno, incluso dentro de nuestra representación congresal. La presencia desde 2011 de cocaleros, los ataques a la minería formal desde la Presidencia del Consejo de Ministros (octubre 2021- enero 2022) y los congresistas identificados como filo simpatizantes de grupos subversivos así lo comprueban (2021). La crisis agudizada desde el pasado 7 de diciembre de 2022 es producto de la dinámica natural del ejercicio del poder por el Estado informal, tras ocupar espacios vacíos ahora en disputa con el Estado formal.