El conflicto geopolítico que se gesta en el sur

Antes de prestar juramento como gobernadores de Puno y Moquegua, Aduviri y Cuevas Pare visitaron al Presidente de Bolivia para importar el gas vecino y contratar sus servicios de internet. Sabían que sus competencias no los facultan para tales gestiones, pero prefirieron evidenciar su vínculo étnico-político con Evo Morales.  Dado el desprecio a la Constitución del que hicieron gala, viene al caso recordar que los dos gobernadores fueron condenados por encabezar levantamientos populares violentos, y exonerados por las sospechosas sentencias judiciales que les permitieron asumir sus cargos.

Siendo ambos audaces, Aduviri aventajó al moqueguano cuando arruinó la inversión canadiense en una mina de oro (nos costó una indemnización arbitral superior a los US$ 30 millones).  Su “ventaja” creció cuando bloqueó la explotación del litio en Puno, en obvio beneficio de Bolivia. Para no quedarse atrás en la competencia antiminera, Moquegua ha propuesto crear un impuesto de 10% a todas las industrias extractivas.

La elección regional en Arequipa ha potenciado a la dupla puneño-moqueguana. Copiando el guión, Cáceres Llica, ex alcalde de Caylloma (con tres denuncias por violación) se entrevistó con el Ministro boliviano de Hidrocarburos para importar gas. Acto seguido se pronunció contra Tía María, y el gobierno - obediente - anunció que su ejecución se postergaba una vez más. Para afirmar el perfil antiempresarial de su administración, la  prestigiosa Cámara de Comercio de Arequipa no fue invitada a la juramentación del gobernador.

En la TV dominical (Agenda Política, Canal 8) Aduviri predicó la filosofía aymara, exaltó su admiración por Morales, y advirtió que ha emprendido una guerra contra el “gobierno de Lima” y la “recentralización”.  Solo olvidó contar que juró el cargo regional rodeado del Embajador de Cuba, el Vice Ministro de “Descolonización” de Bolivia, el Embajador de China y un representante diplomático de Maduro.

No parece aventurado presumir entonces que los tres gobernadores respondan a los intereses de La Paz.  Con su dominio de los poderes públicos y los tribunales, Morales (2006-2019) ha impuesto, inconstitucionalmente, su candidatura a lo que sería su tercera reelección.  Como supremo líder aymara, ha llamado “supremacista blanco” a Bolsonaro y ha repotenciado su apoyo a Maduro. En su solemne Informe al Congreso por el “Día del Estado Plurinacional de Bolivia” (enero 23) ha reafirmado que los bolivianos deben "tener plena certeza de que nuestra demanda de un acceso soberano al mar está más vigente que nunca”,  agitando la misma bandera electoral de la campaña que lo llevó a la presidencia antes que la Corte de La Haya desestimara totalmente su demanda.

¿Acaso es difícil ver una confluencia de alcance geopolítico entre el gobierno de Bolivia y el eje que lideran los gobernadores de Puno, Arequipa y Moquegua? Evo Morales tiene el juego mayor mientras que los nuestros apuestan contra el desarrollo del Perú.  Bolivia pretende anular la explotación del litio peruano y deprimir nuestro desarrollo energético y minero, mientras que “nuestros” gobernadores solo apuntan a doblegar al odiado gobierno “recentralista” de Lima en beneficio de los intereses políticos incomprensibles y mezquinos de la ultraizquierda más ignorante. ¿Es que Bolivia quiere cautivar al Perú con  hiperbólicos proyectos en Ilo para presionar a Chile? Nuestros gobernadores sureños odian que el principal flujo de turistas al Perú sea chileno, así como la integración espontánea y creciente entre Tacna y Arica. No quieren que se extienda al Sur del Perú y el Norte de Chile.

El Perú lidera el Grupo de Lima y no puede ignorar el vergonzoso apoyo de Bolivia a la moribunda dictadura de Maduro y a sus mentores comunistas de La Habana.

Y en contexto de las regiones fronterizas, los gobernadores de Puno, Arequipa y Moquegua deben percatarse que el siglo XXI es incompatible con etnicismos, resentimientos o irredentismos post coloniales. El gobierno de Bolivia hace mal en aceptar gestiones impertinentes. Y el Gobierno del Perú  está obligado a privilegiar los intereses nacionales por encima de los regionales, superando el temor que tiene a los conflictos sociales.