Dientes de papel

Han pasado las Fiestas Patrias y el presidente Vizcarra nos ha regalado un mensaje a la nación algo largo, pero muy interesante. Entre los varios temas que se han tocado, llama mucho la atención las medidas que el Gobierno busca implementar para luchar contra la corrupción que hoy campea y tiene a la sociedad tan indignada. Más allá de la bonita retórica que siempre se usa para anunciar los “cambios” en este asunto, nunca se ha planteado alguna medida que realmente sirva para frenar la corrupción en nuestras instituciones. Todo gira alrededor de lo mismo y ninguna sorpresa hay en este frente. Todo se resume en más recursos y esfuerzos de parte del Estado para luchar contra la corrupción; y solo para contentar a la opinión pública, se suele hablar de la inclusión de la sociedad civil en esta lucha a través de la vigilancia y el control ciudadano de los actos públicos. Lo de siempre.

Lo que hay que comprender, antes de emprender cualquier empresa inútil, es que la corrupción es un problema de incentivos perversos. Hoy en día no existe ningún país del mundo sobre el que podamos afirmar que la corrupción no existe. Decir, por ejemplo, que en Singapur no hay corrupción es pecar de ingenuos porque —para comenzar— la corrupción no se puede medir, no se puede cuantificar. Lo que hoy existe y nos permite saber qué cosas son las que pueden funcionar en la lucha contra la corrupción es el índice de percepción de la corrupción, un instrumento que permite apreciar la percepción que tiene la sociedad civil sobre sus instituciones. Si bien es cierto que no se trata de un informe que ofrezca datos exactos, sino la valoración subjetiva de la sociedad, se trata de una referencia fundamental en la lucha contra la corrupción.

Según el índice correspondiente al año 2017, el Perú está en el puesto 96 y cuenta con un puntaje de 37. Y esto cambiará para peor porque este reporte no contempla lo que ha ocurrido este año, así que esperamos un resultado mucho más desalentador en la edición del 2018. Ningún país del mundo puntúa 100 (ausencia total de la corrupción) y tampoco 0 (corrupción total y generalizada). En la cima encontramos a Nueva Zelanda, con 89 puntos; y en el final tenemos a Somalia, con 9 puntos. Los países que acompañan a Nueva Zelanda son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo y Países Bajos, tomando solo los diez primeros. Eso marca una tendencia que ratifica la idea que abre esta columna: la corrupción es un problema de incentivos perversos que se generan a partir del tamaño del Estado y del poder que concentra.

Y para confirmar esta idea, basta con cruzar los datos que ofrece el índice de percepción de la corrupción con los que ofrece el índice de libertad económica. No es una casualidad que los diez países que encabezan la lista cuyas sociedades los perciben como menos corruptos, también puntúen muy alto en la lista de países más libres del mundo. La correlación es contundente porque uno de los puntos más importantes que mide el índice de libertad económica es el tamaño del Estado.

Queda muy claro, entonces, que la corrupción aflora y se enquista ahí donde encuentra los incentivos más favorables, y esto solo ocurre en países donde el tamaño y poder de sus Estados es muy grande. Esto nos lleva a concluir, en forma incontrovertible, que el discurso del presidente Vizcarra referido a la lucha contra la corrupción no es más que un canto de sirena que ningún cambio sustancial traerá. Y aquí las intenciones sobran, se trata de resultados. Luchar contra la corrupción, sin contemplar la reducción del tamaño y el poder del Estado, es tratar de apagar un incendio echando gasolina; es tratar la diabetes con más azúcar; es, así como señala el título de esta entrada, atacar el problema con dientes de papel.