De la Declaración de Santiago a un sistema regional contra el crimen

El crimen organizado ha dejado de ser una suma de problemas nacionales. Las mismas organizaciones atraviesan fronteras, trasladan personas, armas y dinero, controlan rutas ilegales y reproducen sus métodos de extorsión, sicariato, narcotráfico, trata y lavado de activos en distintos países. Mientras el delito opera regionalmente, los Estados continúan respondiendo de manera fragmentada. Esa desigualdad favorece a la criminalidad.

La reciente iniciativa del presidente chileno José Antonio Kast para fortalecer constitucionalmente el deber estatal de garantizar la seguridad y establecer un régimen penitenciario especial merece atención. Para el Perú, la principal lección no se encuentra en la reforma constitucional; nuestro artículo 44 ya establece que es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. La obligación existe desde 1993, pero ha sido incumplida estructuralmente.

Lo que sí debemos recoger de la experiencia chilena es la decisión de recuperar el control de las cárceles. Una cárcel no puede funcionar como oficina de dirección criminal. Los cabecillas recluidos no pueden seguir impartiendo órdenes, administrando extorsiones o coordinando represalias mediante teléfonos y redes clandestinas. Se requiere un régimen especial de máxima seguridad, bloqueo efectivo de comunicaciones, inteligencia penitenciaria y articulación permanente con la Policía, las fiscalías y las unidades encargadas de seguir el dinero ilícito.

Pero ni siquiera una reforma penitenciaria nacional será suficiente. La respuesta debe alcanzar la misma dimensión territorial, financiera y tecnológica que las organizaciones perseguidas.

El 28 de mayo de 2026, Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador suscribieron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los cinco países acordaron constituir un grupo de trabajo, preparar un plan de acción con resultados verificables y coordinar medidas en seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control fronterizo. También decidieron llevar la iniciativa ante la Organización de Estados Americanos para incorporar a otros países.

Este acuerdo puede ser un instrumento regional muy importante, pero también corre el riesgo de terminar como tantas declaraciones solemnes: abundante en compromisos y escaso en resultados. El desafío es transformarlo en un sistema operativo permanente. Y el Perú podría liderarlo.

El nuevo gobierno peruano y el canciller Carlos Espá tienen la oportunidad de impulsar ese salto. El Perú podría proponer la creación de un centro regional de inteligencia criminal y penitenciaria; una base compartida de organizaciones, cabecillas, prófugos, empresas de fachada y movimientos financieros; equipos conjuntos de investigación entre policías y fiscalías; protocolos comunes contra la extorsión, la trata, el sicariato y el lavado de activos; y mecanismos rápidos de cooperación judicial y protección de testigos.

La reunión de seguimiento prevista para noviembre no debería limitarse a revisar documentos. Para entonces tendrían que existir objetivos, responsables, cronogramas e indicadores concretos: cabecillas identificados, cuentas congeladas, prófugos capturados, rutas intervenidas y redes financieras desarticuladas.

El canciller Espá cuenta, además, con condiciones favorables para convocar cooperación internacional. Su extensa experiencia en la Embajada de Estados Unidos puede facilitar el acceso a programas de capacitación, tecnología, inteligencia financiera y persecución transnacional. El Perú ya ha expresado su intención de incorporarse a Shield of the Americas, la iniciativa estadounidense contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.

La Unión Europea puede cumplir una función igualmente importante mediante EL PAcTO 2.0, programa de cooperación con América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad. Su participación permitiría fortalecer fiscalías, sistemas penitenciarios, investigación patrimonial, cooperación judicial y localización de prófugos. El Perú debe evitar depender de un único aliado y construir una cooperación plural, equilibrada y compatible con su soberanía.

La ayuda internacional tampoco puede sustituir la responsabilidad nacional. Ningún sistema extranjero funcionará si nuestras instituciones permanecen fragmentadas, infiltradas o sujetas a la improvisación política. Cooperar no significa entregar la conducción de la seguridad, sino obtener capacidades para recuperar el control democrático del territorio y de las instituciones.

Estamos ante una emergencia regional y también ante una oportunidad. El Perú podría dejar de ser el país que reacciona tardíamente y ser el impulsor de una arquitectura latinoamericana contra el crimen organizado. Para ello debe transformar el Compromiso de Santiago en inteligencia compartida, cooperación judicial y operaciones coordinadas sometidas al Estado de derecho.

Frente a una criminalidad que no reconoce fronteras, la seguridad tampoco puede quedar encerrada dentro de ellas. La Constitución peruana ya estableció el deber de proteger a la población. Ahora corresponde cumplirlo dentro del país y promover, fuera de él, la alianza regional que permita hacerlo posible.