Críticas a las reformas aprobadas por referéndum

La crisis política que vivimos data desde julio de 2016. El sistema político venía funcionando, con sus más y menos, sucediéndose cuatro gobiernos democráticos consecutivos. Un hecho inédito en la historia republicana sumado a una predictibilidad en el tiempo imprevista para un país con una democracia de baja intensidad. El Apra pierde contra Perú Posible (2001), pero luego vence al nNacionalismo (2006). El último triunfa en segunda vuelta contra Fuerza Popular (2011). El partido de PPK derrota a Fuerza Popular, pero el último adquiere una histórica mayoría congresal. La historia que sigue es conocida. La crisis política se origina ante la falta de entendimiento del Ejecutivo y la oposición parlamentaria, a pesar de importantes coincidencias en sus programas de gobierno.

El resultado lo conocemos: a la fiscalización se le llama obstrucción, renuncia y sucesión presidencial, reformas constitucionales nefastas confirmadas por referéndum, temerarias interpretaciones del Tribunal Constitucional (objeto de la cuestión de confianza, relativizar el transfuguismo y avalar una improcedente disolución parlamentaria) hasta la vacancia del jefe de Estado. Los problemas se agudizan con las marchas de protesta contra la sucesión presidencial prevista que llevó a Manuel Merino al ejecutivo; los acuerdos de salida a la crisis para renovar la Mesa Directiva y nombrar a Francisco Sagasti como presidente transitorio (tres jefes de Estado en una semana). La elección de Pedro Castillo en 2021 no se comprende sin repasar estos hechos.

La crisis que vivimos con la vacancia de Castillo Terrones sigue siendo la misma, sólo que más compleja tras el fallido golpe y su vacancia presidencial. Las reformas electorales y constitucionales producidas no brindaron garantía de un proceso bajo el principio de preclusión de los órganos electorales, como ocurrió con los gobiernos electos entre los años 2001 y 2011.

La no reelección inmediata de congresistas, lejos de combatir la corrupción produjo la rápida extinción de una clase política joven que se formaba por medio de expertos con o sin filiación histórica partidaria. Era el modelo atípico que teníamos en un país con partidos sin arraigo en todo el territorio, con candidatos presidenciales y congresales tan variopintos como su pluralidad cultural. Por todo lo anterior, a casi cinco años de las reformas constitucionales por la vía del referéndum confirmatorio, ¿cuál es la evaluación que podemos realizar al respecto?

Comencemos por la no reelección inmediata de congresistas. Se tomó de Costa Rica, un país distinto a nuestra realidad política, que no supera los seis millones de habitantes y con un Parlamento compuesto por cincuenta escaños. México transitó por similar experiencia, un fracaso que dio lugar a una reforma constitucional para recuperar su reelección inmediata. La segunda propuesta de reforma aprobada fue el financiamiento público a los partidos políticos que “emparejó la cancha”, pero sin considerar que los candidatos ligados a corrientes ideológicas de influencia continental buscarían financiamiento foráneo a través de valija diplomática. 

El rechazo a la bicameralidad, la única de las cuatro consultas rechazadas por referéndum, no advirtió su correlación con la regionalización. Una forma de Estado que ha perdido dos décadas sin producir desarrollo, bienestar y mejores servicios básicos en todo el territorio. La propuesta bicameral debe considerar un Senado compuesto por los representantes de las regiones que agrupen los diferentes intereses sociales, económicos y culturales del norte, centro y sur del Perú. Se trata de una cámara productora de “micro sociedades” para que, sumando sus coincidencias, puedan contrapesar al gobierno central. En esencia, una Cámara de Diputados de representación ciudadana se ocupa de la política doméstica, mientras que un Senado de composición regional discute cómo resolver los problemas seculares del Estado.

En ese sentido, los legislativos que mejor funcionan son los bipartidistas (países anglosajones) en comparación con aquéllos que terminaron fragmentándose (el Congreso de los Diputados español, por ejemplo), terminaron comprometiendo la gobernabilidad. Por eso, parece claro intentar dimensionar el ejercicio de la política en, al menos, cuatro bancadas. A pesar de todo, la bicameralidad todavía es una reforma que se hará esperar, pues, no hay tiempo suficiente para su estudio y viabilidad atendiendo al estado actual de las regiones.

El último cambio fue el Consejo de Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. La reforma más radical por su forma para resolver los problemas de fondo en el nombramiento de jueces y fiscales. La Junta es un cambio consumado y sólo cabe realizar ajustes futuros. Hoy, los jueces y fiscales ya no son ratificados a los siete sino cada tres años y medio, ajustando el control encubierto que persigue a la magistratura por décadas y que complica tanto su independencia como inamovilidad.

Nos queda la reforma al sistema electoral. Primero el control de las dádivas o “clientelismo de campaña” y los abrumadores requisitos procedimentales para estimular la democracia de partidos; ambos dieron lugar a sendas exclusiones de dos candidatos presidenciales. Al respecto, sólo decir que la ley no puede resultar más gravosa que la Constitución. Si la última dispone tener la nacionalidad por nacimiento, ejercicio de la ciudadanía y no menos de treinta y cinco años de edad al momento de la elección; los requisitos legales adicionales sólo podrían producir responsabilidades administrativas sancionadores mas no excluir las planchas presidenciales. Otra polémica reforma fue reducir los requisitos de inscripción de partidos políticos, canibalizando los procesos generales con más de veinte listas distintas que fragmentó la votación.

La conclusión de esta experiencia es que los ejecutivos son “malos consejeros” para promover reformas políticas de cualquier tipo. La tendencia oculta es cambiar instituciones para sumar poder. Si a ello añadimos el populismo y capital político del jefe de Estado de turno, la mesa está servida: soslayar la representación nacional. Hoy nos encontramos por ingresar a un proceso similar de propuesta de “fórmulas mágicas”; procuremos al menos en esta etapa corregir lo descompuesto durante el vizcarrismo.