Crisis de gobernabilidad

Aníbal Pérez Liñán sostiene en un ensayo –de 39 casos históricos, que toma del periodo 1956 al 1996– que las crisis presidenciales en América Latina son crisis de gobernabilidad, “generadas por la doble legitimidad propia de la división de poderes presidenciales [entre el Ejecutivo y el Legislativo]” (2001: 15), y que estas ya no se deben a destituciones clásicas como los golpes de estados militaristas. De acuerdo a esta premisa, analicemos qué es lo que pasó en Brasil, con la destitución –por parte del Senado y con una mayoría de 61 votos–, de la expresidenta Dilma Rousseff, lo que pasó en el Perú con la disolución del Congreso y en Bolivia con el juicio político a Evo Morales.

Uno, el origen del problema político. Expliquemos de manera breve qué es lo que pasó. El Partido de los Trabajadores (PT), en el Gobierno, estuvo implicado en diversos delitos de corrupción que involucraban a las altas esferas del poder, incluyendo al expresidente José Ignacio Lula Da Silva, por casos como Lava Jato. 

Dos, el plan en el Legislativo. Frente a ese problema, la oposición (que tiene una imagen manchada por casos también de corrupción) buscó librarse de más de doce años de Gobierno del PT, buscando un responsable. ¿Cuál fue la solución? El juicio político en el Senado a Dilma Rousseff. 

Tres, ¿esto constituye un golpe de Estado? En sentido estricto no, porque un golpe de Estado implica la entrada de los militares (ya sean solos o en alianza con caudillos de turno, como Fujimori) y la toma del poder; pero lo que sí constituye es una crisis de gobernabilidad que necesita ser procesada. 

Sostiene además que –si bien ya no serán los clásicos autogolpes o juntas militares los que generen rompimiento del orden democrático- serán los juicios políticos el corolario de las crisis políticas en los años venideros, después de la tercera ola democrática en América Latina. 

Aparte del juicio político, podemos apreciar que –a partir del caso peruano– otro de los problemas que está teniendo nuestra democracia (producto de la “doble legitimidad” entre los dos poderes del Estado señalados) es la disolución del parlamento a través del mecanismo de la “interpretación auténtica” por “denegación fáctica” (que no existe en la Constitución Política) que el presidente Martín Vizcarra llevó adelante (ya que no se otorgaron en su totalidad los planteamientos de la cuestión de confianza, que es parte del sistema presidencialista atenuada del Perú) con el fin de eliminar momentáneamente de la escena política a sus opositores, el fujimorismo y el aprismo. 

Según Perez Liñán, si bien las debilidades del presidencialismo impiden institucionalizar el régimen democrático, estas son menos nocivas e impiden el autoritarismo. Es posible, si no apreciemos lo que sucedió en Bolivia: se destituyó a Evo Morales y el sistema democrático siguió su curso. 

Lo que veremos en adelante son las adecuaciones que la democracia liberal va a tener que hacer con la entrada de los populismos que –mediante el uso perverso de los mecanismos democráticos– generan juicios políticos y disoluciones del Congreso. Hasta el momento –según Pérez Liñán– no ha habido un diseño constitucional que logre remediar dichos problemas del régimen. 

Es hora de entrar en ese debate, tan necesario y urgente.