Asesinar la democracia

El pasado 25 de octubre, The New York Times publicó un artículo de Will Freeman titulado “You can kill a democracy without a dictator” (“Puedes asesinar una democracia sin un dictador”), un lúcido análisis sobre la destrucción institucional que atraviesa el Perú. El ejemplo más claro está en el deterioro del sistema presidencialista y el ascenso de uno parlamentario. Una prueba irrefutable de ello es el manejo de la economía: el Congreso se ha arrogado la potestad de tener iniciativa de gasto, pese a que el artículo 79 de la Constitución prohíbe expresamente generar mayor gasto público, salvo en su propio presupuesto. Con la benevolencia del Tribunal Constitucional, que interpretó que esta restricción solo aplica al presupuesto vigente, se abrió la caja de Pandora. Como resultado, la sostenibilidad fiscal se ha vuelto imposible bajo un Congreso populista e irresponsable que hipoteca el futuro del país con una demagogia electoral.

Un caso concreto lo ilustra: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó recientemente al Congreso el Presupuesto para el Sector Público, del cual el 65% se destina a gasto corriente. Es un porcentaje altísimo para mantener una burocracia que superalos 1.6 millones de empleados públicos. Según el último informe del Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se han promulgado 229 leyes con impacto fiscal adverso y existen 352 dictámenes con el mismo riesgo. Las ilegales e indebidas iniciativas del Congreso en materia de remuneraciones y pensiones generarían el próximo año un gasto adicional de S/ 25,902 millones, equivalente a un aumento del 10% en el gasto corriente. En la práctica, el Congreso le ha arrebatado la chequera al Ministerio de Economía. Hoy el Parlamento manda sobre el Ejecutivo: un claro ejemplo de cómo manipular las reglas sin un golpe de Estado y del altísimo riesgo de un déficit fiscal.

Continuando con el análisis de Freeman sobre el caso peruano, el autor sostiene que el país encarna una nueva forma de autoritarismo: una democracia que muere sin dictador. Según su argumento, “el poder habría sido capturado por una red de poderes paralelos —mafias, políticos corruptos, redes ilegales— que operan con la complicidad del Estado y que, en conjunto, estarían vaciando de contenido las instituciones democráticas. El Perú no vive una autocratización difusa, sino algo más complejo: la disolución del poder sin reemplazo”. Lo que Freeman llama un “autoritarismo invisible” es, en realidad, la fase más avanzada de una democracia defectuosa: el fracaso de la regionalización, la corrupción rampante, el copamiento del poder a través del sistema judicial, la politización de la justicia y la amenaza permanente de la vacancia presidencial, que ha convertido a los mandatarios en rehenes del Congreso (cuatro vacados en siete años). A esto se suma la destrucción de los partidos políticos y la fragmentación del Parlamento en cuotas de poder y clientelismo. Freeman concluye: “El problema no es la concentración del poder, sino su dispersión; no la aparición de un tirano, sino la imposibilidad de que alguien gobierne”.

Concuerdo con el comentario del politólogo Santiago Carranza-Vélez, quien afirma:
“Freeman describe con acierto los efectos visibles de esa degradación —la expansión del crimen, la corrupción endémica, la debilidad estatal—, pero su lectura asume que toda erosión del orden político equivale a una amenaza autoritaria. En la tradición de pensamiento en la que se inscribe, la libertad peligra cuando el poder se concentra. En el caso peruano ocurre exactamente lo contrario: la libertad se desvanece cuando el poder se disuelve. El ciudadano no teme a un Estado opresor, sino a su inexistencia. No hay Leviatán, sino vacío”.