La increíble campaña contra las inversiones agrarias

La campaña que han iniciado las oenegés de izquierda en contra de la aprobación de una nueva ley de promoción agraria en el país –que establezca regímenes tributarios y laborales promocionales– nos revela los enormes abismos y polaridades que ha producido la hegemonía cultural neomarxista en el país. En el preciso momento en que el Ejecutivo pretende destrabar Chavimochic III, Majes Siguas II y Chinecas, que le agregarían 150,000 hectáreas ganadas al desierto al sector agroexportador, las oenegés anticapitalistas desarrollan una feroz campaña de fábulas, leyendas y mentiras acerca de que las empresas agroexportadoras no respetan los derechos sociales y laborales de los trabajadores. El objetivo es que no haya una sola nueva inversión.

Algo así, por ejemplo, sería impensable en un país del sudeste asiático. Todos los sectores, derechas e izquierdas, empresarios y trabajadores, convergerían en la voluntad de lanzar miles de millones de dólares en inversiones y expandir la frontera agrícola moderna para reducir la pobreza y crear clases medias en las regiones agrarias. Sin embargo, en el Perú la predominancia de las corrientes neomarxistas en el progresismo y el colectivismo chato del comunismo ortodoxo, a diferencia de otras regiones y continentes del planeta, hace imposible una idea común sobre lo que significa relanzar las agroexportaciones.

Dos décadas atrás algo parecido sucedió con la minería y el desarrollo. Si se hubiese desarrollado toda la cartera de inversiones mineras, hoy el Perú produciría más de 3.5 millones toneladas de cobre (produce 2.5 millones en la actualidad) y, a pesar de la crisis política, seguiría creciendo sobre tasas de 4% del PBI y la pobreza estaría debajo del 15% (no el 29% de la actualidad). Una campaña de desinformación sostenida y la construcción de narrativas y fábulas en contra de la minería moderna de parte de las mismas oenegés anticapitalistas evitó el despegue minero del país. Algunas proyecciones indicaban que si todo hubiese ido según lo planeado ahora el Perú tendría un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado.

Según algunas proyecciones el Perú tiene el potencial de incorporar 500,000 hectáreas ganadas al desierto a las 250,000 de la actualidad, que han producido el milagro agroexportador peruano. Con una proyección de ese tipo de inversiones, el Perú se volvería una sociedad con mayoría de clases medias consolidadas, con una economía absolutamente diversificada, con ciudades en el norte y en el sur que concentrarían población y equilibrarían el centralismo de Lima. Es decir, el país avanzaría hacia el desarrollo. Algo más. El desarrollo agroexportador de la costa, inevitablemente, arrastraría hacia el progreso a los agricultores de la sierra y la selva, en donde se concentran más de dos millones de minifundistas abandonados por el Estado.

Todo eso pretende ser detenido por esta campaña de las oenegés anticapitalistas que, al parecer, se han aliado con los grandes competidores mundiales de las agroexportaciones nacionales. El argumento es una fábula que no resiste el menor análisis: que no se respetan los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Luego de medio siglo descapitalización del campo –después del velascato– el único sector que ha generado derechos laborales y sociales es el sector agroexportador. El único sector que ha sacado de la sobrevivencia a los peruanos del área rural es el sector agroexportador, cuando paga salarios muy por encima de la remuneración mínima vital.

La desesperanza invade a cualquier peruano de buena voluntad cuando observa a otro peruano traicionar a la sociedad, a los pobres del agro, y defender los intereses de nuestros competidores en frutas y hortalizas en el planeta.