La guerra institucional sin balas del Perú

El golpe fallido de Pedro Castillo, la posterior vacancia establecida por el Congreso y el debilitamiento general de la institución presidencial desde el gobierno de PPK –expresada en seis jefes de Estado en el último quinquenio–, de una u otra manera, han desatado la anarquía en el Perú. Es decir, la falta de un poder democrático centralizador que ejerza el poder en el sistema republicano. Todos los constitucionalistas y cualquier político relativamente informado entienden que las instituciones constitucionales funcionan bajo el marco de la Constitución y las leyes nacionales, pero también en relación con el poder. No hay otra manera. 

En la democracia, obviamente, el poder político debe ser democrático. Sin embargo, la pulverización de la institución presidencial ha dejado un vacío que tampoco ha sido llenado por el Congreso, el otro centro de poder del sistema republicano, ya sea por las incapacidades de las bancadas, la desaprobación del Legislativo frente a los despropósitos de los mochasueldos y la mala representación.

En este contexto, la anarquía ya no se expresa en la guerra civil con balas y cañones del siglo XIX, porque algo así parece imposible. Se expresa en la lucha por el poder en las instituciones de justicia, porque a través del control de estas entidades se puede neutralizar o eliminar al rival ideológico y político. La legítima disputa a través de las elecciones se ha trasladado a las cortes y juzgados, y toda la política ha comenzado a ser un apéndice de los códigos penales y procesales.

En este contexto, el sistema republicano y la mayoría de medios de comunicación se focalizan en los asuntos penales y procesales. La democracia ya no parece necesitar de economistas, filósofos, ideólogos, intelectuales, constitucionalistas, sino de penalistas. Todo se ha penalizado y los principales protagonistas del proceso republicano son policías, fiscales, jueces, penalistas y analistas de los procesos penales.

En cualquier caso, esta instantánea de la tendencia política, en la que todo se judicializa, puede significar los funerales del actual sistema democrático. Es hora de reaccionar y empezar a focalizarnos en otros temas. Por ejemplo, levantar una polvareda nacional sobre el desmanejo del déficit del Ejecutivo, sobre el aumento de la pobreza, sobre la urgencia de defender la democracia de candidatos sentenciados por terrorismo y secuestro.

La ausencia de partidos políticos y el surgimiento del actor individual comienza a disolverlo todo. Felizmente, los meses siguen corriendo, las instituciones permanecen a pesar de todo y se acercan las elecciones del 2026, en las que debe surgir un nuevo poder democrático, que combata las tendencias que desatan la anarquía y el caos en el país.