Keiko, encarcelada políticamente

Si en cualquier república del planeta existiese una ONG como IDL-Reporteros —a la cual se le entregaron los audios escuchados en el Ministerio Público— y utilizase esas escuchas para presionar a los tribunales que ven el caso de un líder de la oposición, ¿se podría hablar de que existe un Estado de derecho a cabalidad? Parece complicado. En el Perú se soltaron dos audios y la mayoría de medios se lanzó a linchar a los magistrados de la sala que iba a ver la casación de la detención provisional de Keiko Fujimori, hasta que hubo inhibiciones en dos ocasiones. Es decir, la sala se paralizó dos veces. ¿Dónde pasan este tipo de acontecimientos? ¿Acaso en Venezuela? ¿Acaecía en los ex países del sistema soviético?

Si no tienes sala de casación predecible entonces no hay garantías en la administración de justicia. Y si la detenida es la lideresa de la mayoría parlamentaria consagrada en las últimas elecciones del 2106, sumado a que no existe aún acusación fiscal contra ella, entonces es hora de recurrir a la comunidad internacional para exigir que en el Perú se respeten las garantías de administración de justicia. Y si la detenida es acusada de lavado de activos solo porque supuestamente Fuerza Popular recibió aportes de campaña de Odebrecht, y no obstante que Keiko nunca ejerció el poder, entonces las cosas están más que complicadas.

Una denuncia ante la comunidad internacional con todos los antecedentes acumulados para mantener el encarcelamiento de Keiko, inevitablemente, establecería que la lideresa del fujimorismo está apresada políticamente. Asimismo, esa denuncia revelaría que “la lucha anticorrupción en el Perú” ha priorizado los aportes de campaña a los partidos, en vez de las millonarias coimas que pagaron las empresas corruptas, con objeto de judicializar y neutralizar a la oposición. Igualmente quedaría en claro que el sistema de persecución establecido en el Perú se basa en la movilización mediática en contra de los líderes de la oposición. 

Luego de la segunda inhibición en la sala de casación es evidente que el caso de Keiko Fujimori ya es internacional y se ha convertido en paradigmático para denunciar el sistema de persecución mediática instaurada en el Perú y el sistema de “justicia plebiscitaria”. Un sistema que ya no se rige por la Constitución y las leyes, sino por las campañas mediáticas de linchamiento y determinadas encuestas que establecen culpabilidades e inocencias. Pero para convertir el caso Keiko en un tema internacional, igualmente, se debe denunciar el acorralamiento judicial injustificado que se desarrolló en contra del ex presidente Alan García, que culminó con el suicidio conocido. Injustificado, porque hasta hoy no se ha presentado ninguna prueba que amerite la detención preliminar de García, un presidente elegido en dos comicios democráticos impecables, que convocó a elecciones transparentes y entregó el poder igualmente en dos circunstancias.

Es hora de entender que el encarcelamiento de la oposición no es un asunto judicial —sobre todo considerando que no hay acusación fiscal—, sino parte de una guerra política hacia el 2021 que las ONG marxistas, algunos medios de comunicación y determinados sectores, desarrollan con el objeto de controlar las próximas elecciones sin formar partidos ni participar en los comicios nacionales. 

Todo siempre fue una guerra política total. Si la oposición hubiese entendido el abecé de este tipo de guerra y de la naturaleza del marxismo quizá hoy no habría presos políticos en el Perú.