El Perú contra el globalismo y la tendencia a la anarquía

El sistema republicano en el Perú está en cuidados intensivos, no solo por las olas de devastación que han dejado las izquierdas en las últimas décadas, sino también por los yerros que se cometen en el Ejecutivo y el Congreso. La crisis institucional y política es del tal envergadura que ha terminado tragándose el llamado milagro económico peruano que, en las últimas tres décadas, logró triplicar el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo (luego del gobierno de Perú Libre esta lacra se acerca al 30%).

Solucionar la crisis institucional y política, entonces, se convierte en asunto de primer orden para relanzar el crecimiento, la inversión privada y el proceso de reducción de la pobreza. Felizmente las fortalezas del modelo eran tales que ni el gobierno Castillo pudo cambiar las grandes columnas que sostienen la economía. En ese sentido, si en las elecciones del 2026 se garantiza una alternativa de la centro derecha pro republicana y pro economía de mercado, con algunos ajustes necesarios, el país podría recuperar la velocidad del crecimiento y la capacidad de reducir la pobreza.

Sin embargo, una condición sine qua nom –como se decía en el mundo latino– es avanzar en contra de las tendencias que pretenden desatar la anarquía para quebrar el Estado derecho y desencadenar el adelanto electoral o la instalación de una constituyente, figuras que no están contempladas en el texto constitucional. En los últimos tiempos se ha observado cómo jueces de instancias inferiores, incluso provisionales, consideran que tienen las prerrogativas para oponerse a las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República y del propio Tribunal Constitucional. Algo parecido no ha sucedido ni sucede en las democracias con relativa salud.

En ese contexto, ante la constante erosión de la institución presidencial (seis presidentes en el último lustro), el Congreso debe llenar ese vacío de poder o aceptar que la anarquía se generalice. La posibilidad de reformar al sistema de justicia es fundamental, por ejemplo, no solo para avanzar en contra de la provisionalidad que afecta la predictibilidad de la justicia, sino también para cancelar las estrategias y presiones del progresismo que ha logrado instrumentalizar entidades del sistema de justicia, como, por ejemplo, la propia Junta Nacional de Justicia. La extrema politización de la JNJ y el doble rasero que aplica en los procesos contra los magistrados crea una sensación de fragilidad en fiscales y jueces frente a las abiertas presiones del progresismo sobre los operadores de justicia.

¡Esta situación debe terminar ya! En ese camino es necesario controlar y fiscalizar el financiamiento externo de las oenegés que tiene enorme impacto en políticas públicas nacionales, siguiendo el ejemplo de las democracias más longevas del planeta: Estados Unidos y Reino Unido.

Paradójicamente el financiamiento externo a determinadas asociaciones civiles es una de las causas de la brutal judicialización de la política peruana, la parálisis y el bloqueo de nuestra cartera de inversiones mineras, las iniciativas para destruir el milagro agroexportador peruano –tal como sucedió con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360)–, los intentos de destruir la productividad de nuestra industria pesquera y también de la sobrerregulación del Estado peruano en contra de la inversión privada y las iniciativas de la sociedad. 

La sobrerregulación minera, por ejemplo, que incrementó los trámites de 15 a 265 en dos décadas, no serían explicables sin las fábulas de las oenegés antimineras acerca de que la minería moderna era una amenaza para los recursos hídricos destinados al consumo humano y a la agricultura.

Por todas estas consideraciones, si el Perú pretende salvar su sistema republicano hacia el 2026, debe enfrentar al globalismo que acaba de ser barrido en las elecciones europeas y a las tendencias a la anarquía institucional y política.