¡La irrenunciable defensa de nuestras fuerzas de seguridad!

¿Puede existir un proyecto nacional si las élites políticas y la sociedad en general no defienden a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) cuando son judicializados por ejercer el uso constitucional de la fuerza pública? ¿Puede existir lucha en contra del desborde criminal si los magistrados se niegan a aplicar las leyes que protegen a los integrantes de las fuerzas seguridad? Creemos que no.

Más de 300 oficiales y miembros de las fuerzas armadas y la PNP han sido judicializados –incluso algunos con prisión preventiva– por haber evitado que las milicias organizadas por el eje bolivariano incendiaran los aeropuertos del sur, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, algunos años atrás, mientras otros sectores violentistas bloqueaban las principales vías nacionales para desabastecer a las ciudades, quebrar la moral nacional, e imponer una asamblea constituyente. En ese entonces la provocación violentista causó más de 60 lamentables muertes de peruanos. Sin embargo, la judicialización y los procesos se han focalizado en nuestros soldados y policías. ¿Por qué? La ideologización del sistema de justicia en el Perú es la única explicación.

Igualmente, la negativa de un sector de la justicia a aplicar la ley de amnistía para los imputados y procesados (sin sentencia) por hechos sucedidos antes de la vigencia del Tratado de Roma a partir del 2002 es otro acontecimiento que revela el grado de ideologización de un sector de la justicia. Una ley del Congreso ratifica lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales acerca de que nadie puede ser procesado ni menos sentenciado si la eventual conducta delictuosa no está previamente establecida en la ley nacional. 

Y, efectivamente, es recién con el Tratado de Roma que se tipifican los delitos de lesa humanidad dentro de la jurisdicción nacional. Hasta antes de ese instrumento internacional –que empezó a regir en el 2002– todos los delitos imputados a las fuerzas de seguridad durante la guerra contrasubversiva se procesaban según el Código Penal y, por lo tanto, todos estos hechos están prescritos. Sin embargo, invocando un gaseoso criterio de la llamada convencionalidad, se pretende perseguir a nuestro soldados y policías de por vida.

Si la sociedad permite que un sector politizado de la sociedad y de las instituciones judicialice a las fuerzas de seguridad por criterios ideológicos, ¿cómo se puede organizar un Estado de derecho en donde el principio de autoridad democrático no solo se respalde por la Constitución y las leyes sino también por el poder coercitivo del Estado? El silencio de la sociedad es cada vez más alarmante, no obstante la voz, a veces casi solitaria, de Fernando Rospigliosi, quien ejerce la presidencia del Legislativo en la defensa de las fuerzas armadas y la PNP.

Si el empresariado y los gremios empresariales no se movilizan para defender a las fuerzas de seguridad del país, cómo así, por ejemplo, se va a erradicar a la minería ilegal en el país. Igualmente, si otros sectores de la sociedad, la academia, la intelectualidad y en el periodismo no se internaliza la importancia del uso de la fuerza pública y constitucional, ¿cómo se va a recuperar la ley y el orden en los barrios y sectores económicos colonizados por el crimen organizado y la extorsión?

Siempre vale recordar que los países que han alcanzado la grandeza y el desarrollo son aquellos en donde la sociedad ha respaldado a sus fuerzas de seguridad, porque siempre se entendió que el imperio de la ley y el orden no prosperan sin respaldar el ejercicio constitucional de la fuerza.