¡Colectivistas contra la Ley de Promoción Agraria!

Ica, la región con pleno empleo y con promedios de ingreso por encima de los S/ 1600 mensuales, hoy es sacudida por una ola de violencia alentada por los colectivismos y radicalismos comunistas, ante la parálisis del Estado, de la policía y las autoridades judiciales. La violencia pretende justificarse por la existencia de un sector de empresas que desarrollan contratos informales con decenas de trabajadores, violando la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establece un régimen tributario y laboral especial.

En el sector El Álamo de Ica se reúnen a las 3 de la mañana decenas de trabajadores contratados por services que son trasladados a algunos fundos. En promedio, los mencionados trabajadores reciben S/ 35 diarios por contratos informales. Sin embargo, las empresas formales que, contratan de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27360, pagan en promedio S/ 60 e incluso más, de acuerdo a la calificación y productividad de los trabajadores. El conflicto entonces se ha generado por violar e incumplir la Ley de Promoción Agraria. 

Sobre esta realidad los agitadores y sectores comunistas desarrollan sus estrategias de violencia y ataque contra la propiedad, ante la parálisis de la Policía Nacional del Perú (PNP), duramente golpeada y desmoralizada por la llamada “reforma policial” de la administración Sagasti, que pasó al retiro a 18 generales para designar al nuevo comandante general PNP.

Sin embargo, los sectores comunistas y colectivistas –en vez de exigir el cumplimiento de la legalidad– han comenzado a demandar la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Al igual que, en la minería, los sectores colectivistas buscan detener cualquier inversión con alta intensidad de capital que genere empleo, reduzca la pobreza e incremente la productividad de las tierras. 

La Ley de Promoción Agraria, por ejemplo, es una réplica de las normas que promovieron el crecimiento agroindustrial de los llamados tigres del Asia, entre ellos Corea del Sur. La mencionada norma establece el pago del 15% en renta, sistemas de devolución de IGV y reconoce la depreciación en inversiones hidráulicas hasta el 20% de lo invertido. ¿Por qué este régimen especial tributario? Porque las inversiones agrarias maduran y producen en rentabilidad luego de dos o tres décadas de trabajo. El resultado ha sido increíble: en dos décadas las agroexportaciones crecieron de US$ 600 millones hasta más de US$ 7,000 millones. La campaña comunista sostiene que el Estado pierde recaudación por esta norma. Sin embargo, ¿cómo se puede perder si las exportaciones crecen hasta más de diez veces? Imposible. Igualmente, en el 2019, debido a la crisis política, las empresas en el país repartieron utilidades por el orden de US$ 22,000 millones. Sin embargo, en el agro se continuó reinvirtiendo y el 2020, pese a la pandemia y la emergencia, el sector seguirá creciendo.

El sistema laboral de la Ley N° 27360, que establece un sistema de flexibilidad para contratar y despedir de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura (siembra, cosecha y mantenimiento), igualmente ha sido una fuerza formalizadora del empleo y reducción de pobreza. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2017 los empleos en las regiones agroexportadoras aumentaron de 130,000 a 250,000. De otro lado, la formalidad se incrementó de 25% a 44%. Asimismo, vale señalar que, de un total de 8,000 empresas vinculadas a la agroexportación, alrededor del 80% son pymes.

Queda en evidencia entonces que las corrientes colectivistas están aprovechando la informalidad de algunas empresas que violan la propia Ley de Promoción Agraria. Y en vez de exigir el cumplimiento de la norma, exigen la derogatoria de la ley que ha desatado la prosperidad en el campo.