El sector agrario y la migración inversa hacia nuevas ciudades

Una de las razones más importantes para promover un régimen promocional para el agro es la capacidad del sector de generar empleo formal, diversificar la economía, incrementar la recaudación fiscal y desarrollar un nuevo mapa urbano del Perú. Semejantes conclusiones no son proyecciones elaboradas en una pizarra, sino el producto de dos décadas de vigencia de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que fue derogada por el progresismo nacional.

Gracias al régimen tributario y laboral promocionales se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se desarrolló una tendencia a la reinversión permanente de utilidades, las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones de la actualidad y el empleo formal aumentó de 460,000 entre directos indirectos a más de dos millones en la actualidad. Sin embargo, la falta de derechos de propiedad en los minifundios y la carencia de infraestructuras hídricas de las pequeñas unidades impidió que la agricultura moderna se extendiera más allá del 5% de las tierras ganadas al desierto.

En efecto, la agricultura moderna y el milagro exportador se desarrolló rodeado del 95% del total de las tierras dedicadas a la agricultura en situación de pobreza o de sobrevivencia. El milagro agroexportador y todas sus impresionantes cifras se materializaron en apenas el 5% del total de tierras dedicadas a la agricultura.

En este contexto, y a la luz de los sorprendentes resultados del sector agrario, las izquierdas en todas sus versiones –obsesionadas en perpetuar la pobreza y la descapitalización del campo– proponen que no debe existir un régimen promocional. Y un sector de economistas de buena voluntad, preocupados por el déficit fiscal, en vez de proponer el fin del Estado burocrático, aplicar la motosierra de Javier Milei para eliminar ministerios, oficinas y burocracia, se oponen al régimen promocional agrario como parte de una política que evita regímenes especiales. En el afán de consolidar esta propuesta se compara los éxitos y resultados del régimen promocional agrario, validados en dos décadas de experiencia, con el fracaso general de las zonas francas y las demás exoneraciones. Evidentemente no se trata de un argumento válido sino principista. Y el principismo en política y economía puede llevar a intolerancias y graves desconexiones de la realidad.

El Perú tiene la posibilidad de multiplicar por cuatro la actual extensión de la agricultura moderna, que suma 250,000 hectáreas. En otras palabras, necesita por lo menos inversiones de alrededor de US$ 60,000 millones para duplicar o triplicar el empleo formal en el sector y convertir al boom de las agroexportaciones en el eje de la diversificación de la economía, la reforma de las universidades a través de la investigación científica y biotecnológica, crear clusters de manufacturas y servicios en el norte y el sur para atender las demandas de las regiones agrarias y, sobre todo, producir una nueva realidad urbana en el país.

¿A qué nos referimos? Lima comienza a ser una ciudad inviable porque más de 10 millones de personas en una estrecha franja costera, simplemente, es una imposibilidad para cualquier estrategia de planificación urbana. Ganar los desiertos de la costa a la agroexportación posibilitaría crear ciudades intermedias a lo largo y ancho del territorio, y desarrollar un nuevo proceso de urbanización de cara a las nuevas regiones agrarias. Estas nuevas ciudades no solo producirían una migración inversa –desde Lima a las nuevas urbes con más planificación– sino que también atraería migración de las ciudades altoandinas desperdigadas en los Andes.

El sector agrario entonces tiene un componente social, económico e institucional más denso que cualquier sector económico. De allí la necesidad de tener un régimen promocional considerando, además, que el clima y las enfermedades matan o enferman a los seres vivos: en este caso, plantas y ganadería.

Pero eso no es todo. Si el éxito de la agricultura moderna continuará incrementando las inversiones y la velocidad de crecimiento y reducción de la pobreza, entonces, se convertiría en el mejor argumento, en el mejor laboratorio, para desarrollar reformas estructurales: extender el régimen tributario agrario a toda la economía, sancionar la flexibilidad en los contratos de trabajo y simplificar toda la burocracia de una vez por todas.