¡Petro acelera la revolución y el golpe de Estado!

Desde marzo pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha precisado su programa, su plan de gobierno y sus objetivos en el mediano y largo plazo: en caso de que el Congreso no apruebe las reformas que el Ejecutivo propone, inevitablemente avanzará hacia una asamblea constituyente. Es decir, la misma fórmula que ha fracasado en Perú y Chile; pero que, a pesar de los fracasos, ha paralizado ambos milagros económicos.

Los primeros días de abril la cámara de diputados de Colombia rechazó la propuesta de reforma estatista del sistema de salud, que busca eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como gestoras y administradoras de los recursos de la sociedad destinados a la atención de salud de los colombianos. El sistema de salud de Colombia es uno de los más eficientes e inclusivos de Hispanoamérica; sin embargo, una feroz campaña de las corrientes comunistas, progresistas y neocomunistas ha demonizado el modelo a partir de los problemas estructurales de una sociedad que no ha alcanzado el desarrollo, problemas que ningún colaboración pública-privada puede superar en el corto plazo.

Luego del rechazo a su propuesta de salud en la cámara de diputados, Petro inició el proceso revolucionario en Colombia. El gobierno promulgó un decreto que le permitió intervenir a las más grandes EPS del sistema y, de esta manera, comenzó la estatización ignorando el Estado de derecho y las instituciones. Como ya todos sabemos –excepto gran parte de la derecha latinoamericana y peruana– los proyectos populistas y chavistas en la región consideran al sector privado como su más feroz enemigo, porque es el principal escollo para multiplicar la pobreza y convertir a los nuevos pobres en dependientes de la clientela estatal, tal como sucede en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Ante esta situación Petro radicalizó su discurso sobre la asamblea constituyente como alternativa a la oposición de las reformas estatistas. Incluso comenzó a hablar de una constituyente al margen del Estado de derecho, basada en “el poder popular del pueblo organizado”; es decir, en la plantilla de los soviets que suele organizar en el eje bolivariano en la región con el objeto de derribar el Estado de derecho.

Luego de la evidente radicalización de Petro con respecto al Estado de derecho y la Constitución de 1991, la ciudadanía colombiana –al margen de partidos, convocatorias institucionales y los políticos de siempre– tomó las calles y plazas de las principales ciudades del país. Algunos observadores señalaron que se trataba de las mayores movilizaciones de Colombia en la reciente historia en contra de la asamblea constituyente y las reformas estatistas en los sistemas de pensiones y salud.

Sin embargo, en contra de cualquier pronóstico, el Senado de Colombia aprobó la propuesta de reforma del sistema de pensiones de Petro como si los senadores liberales y del partido de la U consideraran que las masivas manifestaciones del domingo anterior eran una amenaza al Estado de derecho y Petro el gran defensor de la institucionalidad. La reforma propone una estatización de las pensiones, en la práctica, porque obliga a que los aportantes destinen hasta cuatro salarios mínimos para un fondo de solidaridad. Un aporte que representaría hasta el 85% de los ahorros pensionales anuales de los aportantes a las cuentas individuales.

En resumidas cuentas, Gustavo Petro, el líder de las izquierdas colombianas, elogiado y edulcorado como un presidente de izquierda democrático por la prensa progresista mundial, ha comenzado a pisar a fondo el acelerador del proceso revolucionario y a transformarse en un clásico caudillo autoritario comunista o neocomunista. Es decir, Petro comienza a “venezolanizar” el proceso.

El gran problema de los colombianos es la falta de cohesión en el Congreso para enfrentar el evidente proyecto bolivariano en curso. Los liberales y los representantes del partido de la U forman parte de estas corrientes de la centro derecha deconstruidas que pueden tragarse todos los anzuelos del chavismo y que solo reaccionarán en el momento de agonía final. La falta de unidad en el Congreso impide que se geste una alianza de todas las instituciones, de todos los civiles y de todos los militares –tal como sucedió en el Perú– para detener el proyecto autoritario.