“La revolución molecular disipada” del comunismo en Colombia

El déficit fiscal en Colombia que llega al 8% del PBI, la deuda pública que sobrepasa el 60% del PBI y un gasto público que supera el 30% del PBI, llevaron al presidente, Iván Duque, a plantear una reforma tributaria que dejó anonadadas a la derecha y a la izquierda, sobre todo en medio de los efectos recesivos y el incremento de pobreza que deja la pandemia. No era la manera ni el momento.

Desde el punto de las libertades económicas, cualquier proyecto para incrementar impuestos se suele considerar como un camino velado de expropiación o confiscación de la propiedad. Los sectores que promueven las libertades económicas, por el contrario, lo que buscan es reducir la carga impositiva al sector privado a través de reformas del Estado (reducción y racionalización del aparato estatal) y reducción del gasto estatal. El objetivo: aumentar la inversión y la expansión de la sociedad y los privados. 

La propuesta de reforma tributaria planteaba extender el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los servicios básicos (agua, luz y gas) y cobrar impuesto a la renta a las personas que ganaban más de US$ 663 (el sueldo mínimo es de US$ 234) y otras imposiciones a personas con patrimonios superiores a los US$ 1.35 millones. En cualquier caso, el Estado se proponía recaudar a cualquier costo –sin reformas y sin reducción del gasto público–, siguiendo las recomendaciones de algunas calificadoras para no perder los grados de inversión.

En este contexto, se desató la protesta social que ya acumula más de dos decenas de muertos –según diversos reportes– entre los que también se cuentan efectivos policiales. Y las protestas continúan, no obstante que el gobierno de Duque ya archivó la propuesta de reforma tributaria e incluso el ministro de Economía, autor de la iniciativa de reforma, renunció. 

¿Por qué las protestas y la violencia persisten a pesar del retroceso del Ejecutivo? Es evidente que los estragos de la pandemia, los muertos y la demora en el proceso de vacunación irritan a los colombianos. Sin embargo, la idea de organizar el caos, derrumbar la autoridad del Estado democrático y desatar una crisis del sistema republicano que desemboque en una asamblea constituyente, son objetivos de la izquierda que participa en las elecciones –tal como sucede en Perú, Chile y Ecuador–, de sectores de las guerrillas e incluso de áreas vinculadas al narcotráfico.

Para desarrollar esta estrategia, las corrientes comunistas y de izquierda desarrollan la llamada estrategia de “la revolución molecular disipada” –término empleado por el filósofo francés Félix Guattari–, que se aplicó en su integridad en Chile para forzar la constituyente, tal como lo explicara a profundidad en nuestro portal el periodista Alexis López.

En esta estrategia no existe un partido, frente o una conducción clásica de las protestas ante cualquier yerro del Estado republicano, sino una multitud de organismos autogenerados por el progresismo para levantar reivindicaciones parciales en los márgenes del sistema, sin necesidad de cuestionar directamente el sistema republicano y la economía de mercado. Desde organismos de DD.HH. creados para debilitar la autoridad del estado democrático, pasando por organizaciones LGTBI, oenegés, frentes ambientales y organizaciones del multiculturalismo más diverso, que se oponen al dominio de “más de dos siglos de la derecha y la oligarquía”.

Más allá de cualquier diferencia, apenas desatadas las protestas –ya sea en Venezuela, Ecuador, Perú, Chile o Bolivia– los núcleos comunistas, al mejor estilo yihadista, lanzan a las juventudes a la confrontación violenta con la policía y las fuerzas de seguridad, en busca de una cuota de sangre. Apenas producido el primer muerto, los organismos autogenerados radicalizan el discurso para seguir incrementando la violencia. De esta manera la policía es arrinconada por la violencia y se suman las muertes de civiles y de los propios efectivos del orden, mientras las oenegés denuncian “las violaciones de los Derechos Humanos”. Ante cualquier duda, basta mirar las imágenes sobre cómo los policías en Chile, Colombia o Perú son humillados por sectores radicalizados para comprender la naturaleza de la estratagema.

Algunos artículos en el diario El país de España y en The New York Times son suficientes para “estremecer a la comunidad mundial de la brutalidad de las policías”. Y de pronto, el Estado democrático se bate en retirada o se convoca a una constituyente, tal como sucedió en Chile.

¿Por qué es importante analizar y denunciar la estratagema de la izquierda continental en Chile y Colombia? Porque en el Perú ya se ensayó esta estrategia durante la renuncia de Manuel Merino y porque, al margen de los resultados electorales, la izquierda se organiza para un asalto de masas. Advertidos estamos.