El crimen organizado y las amenazas democráticas en América Latina

La fuga de Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal internacional Tren de Aragua, de una u otra manera nos recuerda que el crimen organizado ya no solo representa una amenaza a la seguridad ciudadana, sino que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, a nuestro entender, es necesario comenzar a entender la integridad del problema que enfrentamos.

Es incuestionable que el desborde de las bandas criminales desde México, pasando por los países de Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile, tiene que ver con la estrategia de los cárteles de la droga, que pretenden conectar las zonas de acopio y distribución de la droga en la frontera de México con las zonas de producción de la hoja de coca; además, de garantizar la salida de la droga a través de diversos puertos y vías terrestres. De allí que, por ejemplo, en todas las ciudades con puertos importantes (Guayaquil y el Callao) se comiencen a organizar zonas controladas por las bandas organizadas, que se constituyen en verdaderas zonas liberadas del Estado de derecho y las leyes nacionales.

Igualmente, algo parecido sucede en las zonas productoras de hoja de coca y de la droga en donde, incluso, ejércitos armados (del terrorismo) se convierten en brazos armados del narcotráfico. Por ejemplo, Nariño, Norte de Santander y Putumayo en Colombia –zonas donde se produce el 60% de la hoja de coca del principal productor mundial de este insumo– se han convertido en zonas liberadas de la autoridad estatal. Lo mismo sucede en el Valle del río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú.

En resumen, el desborde de la criminalidad en la región no se explicaría sin la desintegración de nuestras sociedades que desarrolla el narcotráfico. Semejante proceso converge con la realidad del estado disfuncional en América Latina, y el fracaso y la corrupción de los políticos. Y entonces se produce la explosión de la ola delictiva que afecta a todas las ciudades latinoamericanas: desde México DF hasta Santiago de Chile. 

Por todas estas consideraciones, es absolutamente inaceptable la posición de los movimientos y partidos políticos vinculados al Foro de Sao Paulo, que contemporizan y toleran al fenómeno del narcotráfico bajo el absurdo argumento de que el campesino cocalero es un aliado del bloque revolucionario antiiimperialista. Semejante razonamiento, a nuestro entender, se convierte en una grave amenaza para la democracia porque, de una u otra manera, construye una representación de uno de los negocios delictivos más sangrientos en la historia de la humanidad.

Por otro lado, con el acceso del crimen organizado a las tecnologías el Estado pierde capacidades y posibilidades de control de la situación. Lo observamos en toda la región. Por todas estas consideraciones, creemos que las sociedades latinoamericanas deberían analizar con mucho detenimiento la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que reconoce el derecho constitucional de los ciudadanos de la gran Unión a portar armas y a ejercer la legítima defensa en defensa de sus familias y propiedad.

Estados Unidos es un ejemplo histórico en la lucha contra el crimen organizado, no solo por la eficacia de sus instituciones federales, sino sobre todo por la participación de la ciudadanía y la sociedad en la legítima defensa de los derechos constitucionales. Allí está el gigantesco contraste entre dos realidades separadas por algunos kilómetros: la frontera de México ha sido tomada por los cárteles de la droga, creando un orden delictivo al margen de la Constitución y el Estado de derecho. En la frontera estadounidense, por el contrario, más allá de los esfuerzos gigantescos del crimen organizado, se respeta la Constitución, el Estado de derecho y la ley y el orden.