¡Crimen organizado desafía el Estado de derecho en Ecuador!

Una de las banderas principales del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, durante la pasada campaña electoral fue acabar con el crimen organizado que, en la práctica, imponía su propio orden en muchas provincias ecuatorianas; sobre todo en la ciudad portuaria de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas. Luego del asesinato del candidato de la centro derecha Fernando Villavicencio, a manos del crimen organizado, Noboa se convirtió en el enemigo frontal de la ola criminal.

Algunos analistas incluso identificaron a Noboa como “el Bukele ecuatoriano” por las similitudes del plan de gobierno y la voluntad del líder ecuatoriano de luchar en contra de la delincuencia organizada. Como parte de esta situación, el presidente Noboa decretó el lunes pasado el estado de emergencia en el país norteño, autorizando la intervención de los militares en la lucha contra el crimen organizado, el toque de queda nocturno e, incluso, determinadas acciones en las prisiones tomadas por las organizaciones criminales.

Es en este contexto que las bandas delincuenciales desarrollaron un abierto desafío al Estado de derecho en Ecuador. Emulando las acciones militares de las guerrillas comunistas de la Guerra Fría, un grupo criminal asaltó las instalaciones de la cadena nacional TC interrumpiendo una transmisión nacional. El ataque criminal a la cadena televisiva se produjo en medio del secuestro de por lo menos siete policías en las cárceles ecuatorianas y una serie de ataques y explosiones.

El hecho representaba una acción inédita del crimen organizado en América del Sur. Ante la violencia criminal, el presidente Noboa promulgó un decreto ejecutivo declarando “el conflicto armado interno” y señalando a diversas bandas criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. ¿Qué había sucedido en el Ecuador?

A nuestro entender, el avance lento y gradual del crimen organizado –a través de sistemas de extorsión y protección sobre negocios, la prostitución y demás actividades sociales en diversas provincias ecuatorianas, sobre todo en Guayaquil– fue creando una base social para al despliegue de una estrategia regional del narcotráfico. ¿A qué nos referimos? El narcotráfico de Colombia, con el objeto de diversificar sus rutas de transporte de la droga hacia los Estados Unidos y Europa, se propuso convertir a Guayaquil en el principal corredor del transporte del norte. Y de alguna manera lo consiguió por el colapso del Estado ecuatoriano al enfrentar la crisis de seguridad ciudadana que desató el crimen organizado.

De allí la virulencia –tal como alguna vez sucedió en Colombia– en el asesinato del candidato Villavicencio, quien había convertido la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en los ejes centrales de su campaña electoral. De allí también el virtual levantamiento del crimen organizado contra el Estado de excepción decretado por Noboa y el intento de restablecer el Estado de derecho en la sociedad y en las cárceles. En la crisis de Ecuador, pues, se mezclan el fracaso del Estado, el avance de las bandas del crimen organizado y una estrategia eficiente del narcotráfico internacional.

La ola criminal en el Ecuador se convierte en un espejo de la situación del Perú. Se conoció que parte de las armas utilizadas en los asaltos en Guayaquil provenían de instituciones militares peruanas. Igualmente, el avance del crimen organizado en el país –mediante sistemas de extorsión y protección en los negocios, los mercados, la prostitución, la minería ilegal (tal como sucedió en Pataz) y otros sectores– comienza a revelar el colapso general del Estado en enfrentar la crisis de seguridad ciudadana. E, igualmente, los puertos del Callao y de Paita –como el de Guayaquil– pueden convertirse en corredores para el transporte de la droga internacional. 

De allí que el Ejecutivo haya decretado el estado de emergencia en toda la frontera norte con el Ecuador, de manera correcta. De allí también la urgencia de que el Congreso peruano recoja el espíritu del Legislativo ecuatoriano, que estableció una amnistía general para todos los militares y policías que enfrenten la ola criminal. Es decir, el Parlamento nacional debería aprobar normas y leyes que empoderen a las fuerzas de seguridad y las protejan de las campañas corrosivas de las oenegés de las izquierdas en contra del principio de autoridad y el legítimo ejercicio de la violencia constitucional.