Constitución soviética y posmoderna en Chile a la vista

Grandes polémicas ha provocado en Chile, y también en el resto del mundo, la utilización del término “personas menstruantes” en un proyecto de ley presentado por la administración Boric, que buscaba incluir a las personas denominadas “trans” entre quienes pueden recibir atención en centros médicos. Es decir, se quiere eliminar la elemental diferencia entre los seres humanos, hombres o mujeres –basada en cromosomas–, para entrar en terminologías confusas y ambiguas, generadas por los excesos de los discursos progresistas. Esos mismos discursos que en Chile, al parecer, serán incorporados a la propia Constitución, pues el primer borrador elaborado la Convención Constituyente no es sino la oficialización de términos confusos e ideas radicales e irracionales en todos los ámbitos: cultura, política, derecho, salud, etc.

Tras un trabajo de casi diez meses, no exento de enfrentamientos y errores, el pasado 16 de mayo la Convención Constitucional entregó el primer borrador de la nueva Carta Magna. El texto, que todavía tendrá que pasar por la Comisión de Armonización, contiene 499 artículos y es el resultado de las deliberaciones de siete comisiones temáticas. Pero en estos meses de trabajo, la legitimidad de los constituyentes se ha ido desgastando notoriamente, y amplios sectores de la población chilena ya han anunciado su rechazo a todo el proceso constituyente. En septiembre, el país deberá dar su última palabra sobre este proyecto de Constitución, a través de un plebiscito.

Las encuestas muestran que las principales razones de ese rechazo son la desconfianza en los constituyentes y el desacuerdo con las propuestas aprobadas; especialmente aquellas que buscan cancelar la unidad del Estado nacional de Chile y establecer una república plurinacional con equidad de género. Ya en el primer artículo del nuevo texto constitucional se consagra a Chile como un “Estado social y democrático de derecho… plurinacional, intercultural y ecológico”. Junto con esta propuesta, de claras reminiscencias soviéticas, porque se cuestiona frontalmente el sistema representativo, se consagra a Chile como una república con una “democracia paritaria”.

Entre otras cosas el nuevo texto constitucional consagra el derecho al aborto, uno de los programas máximos del extremismo feminista. Además, se garantiza la paridad de género en la mayoría de los órganos colegiados del Estado.

Vale abundar en algunos detalles sobre la llamada “plurinacionalidad”. Se habla de 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes y que, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Según una encuesta realizada recientemente, la mayoría de chilenos prefieren una “sociedad multicultural de una sola nación” y no “sociedad plurinacional”, con 72% frente a 26%. Así, se ha consolidado en Chile una base de apoyo en torno a identidades tradicionales que se sienten amenazadas por la noción de plurinacionalidad. 

Por último, cuando entre en vigencia la nueva Constitución el Poder Judicial dejaría de llamarse así y habría pluralismo jurídico. El Sistema Nacional de Justicia estará integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Paralelamente el Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas, que –en virtud de su derecho a la libre determinación– coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.