Infraestructura educativa: desafíos y posibles soluciones

Las intensas precipitaciones pluviales, los deslizamientos de tierra y los desastres naturales ocurridos en diversas regiones del país –particularmente en Lambayeque, Piura y Tumbes– han tenido un impacto devastador en la infraestructura y en el servicio educativo. Según un reciente informe del Ministerio de Educación (Minedu), en esas regiones se han registrado un total de 849 locales educativos dañados y 1,642 aulas afectadas. Esta situación crítica llevó a la Defensoría del Pueblo, a emitir una recomendación a la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, instándola a liderar y coordinar intervenciones y acciones para garantizar que, ante la posibilidad latente de nuevos desastres naturales, que el servicio educativo no se vea interrumpido o, en caso de que esto ocurra, se restablezca en el menor tiempo posible; siempre en condiciones de seguridad que salvaguarden la vida, la salud y la integridad de la comunidad educativa.

La Defensoría del Pueblo también ha advertido al Minedu sobre las dificultades que ha generado el traslado de casi medio millón de estudiantes de colegios privados al sistema educativo público durante el periodo 2020-2022. Esta migración masiva ha planteado serios desafíos, por lo cual recomendó asegurar la disponibilidad de materiales educativos, personal docente, infraestructura y mobiliario escolar. Incluso se ha sugerido considerar la provisión de servicios complementarios, como alimentación y atención médica, con el fin de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad en condiciones óptimas. Es imperativo abordar este problema de manera integral y coordinada, involucrando tanto a las autoridades del Minedu como a los diversos actores relevantes en el ámbito educativo.

Es conocido que el sistema educativo público en el Perú quedó completamente abandonado al finalizar el mandato del expresidente Pedro Castillo. La situación general de la infraestructura educativa en el país es motivo de gran preocupación. Según cifras oficiales, apenas el 9% de los 54,800 colegios del país se encuentra en buen estado, y el 76% de ellos requiere refuerzos estructurales. Además, el 60% de las instituciones educativas carece de servicios básicos. La brecha en infraestructura educativa se estima en aproximadamente S/ 111,000 millones, lo que representa alrededor del 49% del presupuesto total del Estado peruano para el presente año. Por lo tanto, resulta fundamental que las autoridades tomen medidas concretas para abordar esta problemática y garantizar un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los estudiantes peruanos.

Con el fin de reducir esta brecha en la infraestructura, el Minedu está utilizando diversas herramientas, como el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuesto (OxI). De todas estas alternativas, el sistema de Obras por Impuestos es el que tiene un mayor potencial. El Minedu ya se posiciona como la entidad pública con mayor cantidad de proyectos y montos de inversión comprometidos a través de este mecanismo, el cual busca aprovechar la eficiencia del sector privado para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura educativa pública.

A principios de este año escolar, el Gobierno anunció un proyecto de ley que permitirá intervenir directamente en 1,041 escuelas que requieren reparaciones urgentes. Además, el Minedu ha afirmado que está actualizando la información sobre las condiciones de infraestructura en todas las instituciones educativas públicas. Sin embargo, si el objetivo del Estado es ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, debería considerar la posibilidad de subsidiar tanto la demanda (es decir, a los padres de familia y estudiantes) como la oferta de los centros educativos.

Si los sectores más privilegiados pagan por la educación de sus hijos de acuerdo con sus posibilidades, es evidente que el Estado podría enfocar sus recursos en aquellos más necesitados y, de esta manera, contar con más recursos para redistribuir entre ellos. Para lograr esto, el Estado podría implementar un sistema de vales educativos –los llamados vouchers– para que las familias de escasos recursos elijan el centro educativo privado que prefieran para sus niños.

Una política de este tipo podría crear un sistema educativo sin precedentes en términos de oportunidades. Es fundamental que exista una amplia variedad de opciones educativas para que los centros estatales, privados, asociativos y comunitarios compitan entre sí en términos de calidad para atraer a los estudiantes y recibir financiamiento a través de los vouchers educativos. Solo de esta manera se podría garantizar una oferta educativa de calidad y una competencia saludable entre los diferentes actores del sistema. Los centros educativos estarían incentivados a brindar programas académicos sólidos, infraestructura adecuada, docentes altamente capacitados y servicios complementarios de calidad para atraer a los estudiantes y sus familias.