Petroperú sigue desangrando a los peruanos

Con el último Decreto de Urgencia promulgado por el Ejecutivo el gobierno de Dina Boluarte acumula alrededor de US$ 3,852 millones de dólares en aumentos de capital, líneas de crédito y pago de bonos de Petroperú, la petrolera estatal que se ha convertido en una verdadera amenaza para la estabilidad fiscal y en una permanente sombra de los grados de inversión alcanzados por el país. 

Sin embargo, desde el 2017 hasta la fecha se acumulan más de US$ 5,000 millones en aumentos de capital y líneas de crédito a Petroperú, como si el modelo económico peruano no fuese el consagrado en nuestra Constitución Política, sino en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si le sumamos que la deuda de Petroperú ya suma más de US$ 8,500 millones, entonces, la sangría de recursos fiscales de la petrolera estatal tiene que detenerse en algún momento.

En este contexto, la discusión se centra en si se declara la quiebra y la liquidación de Petroperú y, por lo tanto, la deuda de los bonos terminaría asumiéndola el Estado, en la medida en que es el propietario de la petrolera estatal (a través de los ministerios de Economía y de Energía) o se reorganiza corporativamente para sanear financieramente a la empresa para su posterior privatización. En realidad, cualquiera sea el escenario los peruanos ya perdimos con este nuevo experimento de empresa estratégica. Cualquier saneamiento de Petroperú solo podría evitar pérdidas catastróficas para los peruanos antes de su inevitable privatización.

En este contexto, únicamente los fundamentalistas colectivistas siguen apostando en convertir a Petroperú en una pequeña PDVSA, no obstante que las empresas estatales estratégicas y el Estado empresario solo han servido para convertir la bendición de los países dotados en recursos naturales en una incuestionable maldición, tal como sucede en Venezuela con el petróleo y en Bolivia con el gas.

El gobierno de Dina Boluarte, con todas las decisiones que está asumiendo con respecto a Petroperú, en realidad está postergando las decisiones cruciales para el próximo gobierno que se instalará en el 2026. Sin embargo, el actual Ejecutivo no solo pospone las decisiones en cuanto a la petrolera estatal sino con respecto al mismo déficit fiscal. Por ejemplo, de acuerdo a las nuevas proyecciones, el Perú recién podría llegar a reducir a 1% el déficit fiscal a partir del 2028. Como todos sabemos hasta el 2019 el país era ejemplo mundial en el manejo de esta variable y los déficits proyectados no pasaban del 1% del PBI. Luego de la pandemia y del gobierno de Castillo, y sobre todo con la administración Boluarte, el déficit se descontroló.

El aumento del gasto corriente en el Estado y las leyes del Congreso que creaban gasto –como las normas que nombran automáticamente a maestros, sin concurso y sin plazas presupuestadas– sumados a los rescates financieros de Petroperú explican el desmanejo fiscal. El 2023 el déficit estaba proyectado en 2.4%; sin embargo, se cerró con 2.8% utilizando una operación financiera extraña (adelantar las utilidades del Banco de la Nación). Este año el déficit proyectado es de 2.8%; no obstante, hasta julio de este año el déficit acumulado era de 4% del PBI. ¿Cómo se van a cumplir las propias metas del gobierno? Parece imposible. El Banco Central de Reserva acaba de proyectar que el déficit fiscal a fin de año será de 3.3% del PBI. Otro año sin cumplir la meta fiscal y con el riesgo de perder el grado de inversión.  

El asunto de Petroperú, pues, es uno que arde, que se incendia y que tarde o temprano va a traer problemas; no solo problemas fiscales, sino también de manejos irregulares que saltarán ante la vista de todos los peruanos. En cualquier caso, la situación de la petrolera estatal es un vivo testimonio del fracaso del Estado empresario en el Perú de los ochenta, del mismo Estado empresario que hunde a Venezuela y Bolivia, y que en nuestro país desató una hiperinflación que empobreció a la mayoría de peruanos.