Otras barreras anti-inversión

Gobiernos ediles también son responsables de menor inversión en infraestructura  

Un estudio reciente, elaborado por la asociación Contribuyentes por Respeto (CPR), indica que las inversiones en construcción de nuevas infraestructuras en comunicaciones o la ampliación de las ya existentes se ven impedidas por la denegación o el retraso significativo en la concesión de licencias de construcción o de instalación de redes. Este hecho es preocupante si vemos que en el último Ranking Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 103, entre 144 países, en comunicaciones, muy por debajo del puesto 61 que ocupamos en el promedio de todos los indicadores del Ranking. Estamos detrás de otros países que crecen menos, como Ecuador (91) o Trinidad Tobago (72)

El déficit del Perú en infraestructura de desarrollo asciende a unos US$ 80,000 millones, según cifras de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN). Y de ese total se requieren inversiones por unos US$44,000 millones para cubrir las necesidades del país en comunicaciones. Nuestro mercado en ese rubro es atractivo por el potencial que ofrece, pero lamentablemente existen barreras que ahuyentan las inversiones, generadas por el propio estado, en particular por los gobiernos municipales, sobre todo en contra de la telefonía móvil,.

Coincidimos por ello con CPR cuando sostiene que “si permitimos que el Estado impida o, en el mejor de los casos, no facilite, la ampliación de la infraestructura.. estamos condenando a muchos ciudadanos a quedar incomunicados y excluidos de los mercados, nacionales y globales”.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC) y AFIN han señalado que se necesita triplicar el número de antenas de telefonía móvil en el país. Sobre todo ahora que los operadores han empezado a prestar el servicio de telefonía con la tecnología “4G”, que facilita la descarga de más data desde los teléfonos. Así, de 8,000 antenas con las que contamos actualmente, se necesitaría pasar a 24,000.

El principal obstáculo radica en que algunas municipalidades de Lima y provincias simplemente no quieren dar los permisos para que las operadoras del servicio de telefonía móvil (Claro, Movistar, Nextel) instalen sus antenas, por decisión política. Sólo Claro tiene trabados US$ 50 millones en inversiones en nuevas antenas móviles debido a las trabas burocráticas impuestas por municipalidades distritales que se “inventan” requisitos inaplicables a la instalación de antenas o de plano no regulan el procedimiento administrativo correspondiente.

Un estudio realizado por la Gerencia de Estudios Económicos de INDECOPI señala que 10 de 21 municipalidades que se investigó ni siquiera cuentan con un procedimiento administrativo para la emisión de licencias de instalación de antenas. Entre ellas están las  de La Molina, San Isidro, Miraflores y San Borja, en Lima. Hay además otros municipios que les exigen a las empresas “licencia social”, y también se ha visto el caso de un alcalde -de Surco, Roberto Gómez- que desmontó una antena alegando absurdamente que contaminaba al vecindario.

Y en el caso de las municipalidades que sí tramitan licencias, existen aproximadamente 11 actividades que deben ser realizadas para obtenerlas. Bajo el supuesto de que las operadoras tuvieran que realizar los 11 trámites, tendrían que asumir, por cada antena instalada, un costo total mínimo de S/. 11,911.30, un costo promedio total de S/. 20,435.80, o un costo total máximo de S/. 42,887.90.

Según el estudio de CPR, de las 11 actividades sólo 5 son realmente necesarias para aprobar la instalación de una antena. El resto, más de la mitad, son innecesarias y tampoco son exigibles de acuerdo a la Ley que regula la emisión de licencias para la instalación de antenas.

Creemos que las medidas anunciadas por el gobierno para remover las trabas que frenan la inversión privada y el ritmo de crecimiento económico, deberían incluir normas que rompan los candados absurdos que vienen poniendo las municipalidades a la instalación de antenas de telefonía móvil, porque el déficit de estas es insostenible y está afectando seriamente la calidad de ese servicio, en perjuicio de los ciudadanos.

(3 oct 2014)