¿MEF en contra de la nueva ley de promoción agraria?

El miércoles pasado se frustró la aprobación del dictamen sobre la nueva ley de promoción agraria presentado por la congresista Cruz María Zeta, de Fuerza Popular, con los aportes del congresista Miguel Ciccia en el tema laboral. El motivo: El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opuso al régimen tributario planteado por el dictamen, que solo recupera y perfecciona el modelo Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) derogada por el gobierno provisional de Sagasti. Como todos sabemos, desde la derogatoria de la Ley 27360 se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y se pierden alrededor de 100,000 empleos formales mensuales.

¿Por qué el MEF se opone al señalado dictamen si el titular del sector asumió el cargo respaldando una nueva ley promocional para el sector? Muy grave todo, considerando que el sector agrario es un sector que por los factores climáticos, por su naturaleza de una inversión con seres vivos (frutas y hortalizas) y por la demora en generar rentabilidad requiere un régimen promocional, tal como sucede en todos los países desarrollados del mundo.

El dictamen que no se aprobó en la Comisión Agraria del Legislativo, incuestionablemente, representa un gran avance frente a la destrucción que significó la eliminación de los regímenes tributarios y laborales especiales. Uno de los méritos del proyecto en debate es que pretende legislar para todos los sectores del agro nacional –tal como lo hacía la derogada Ley 27360–, sobre todo considerando que el 95% de las tierras agrícolas están conducidas por minifundistas, cada uno de ellos con menos de cinco hectáreas, mientras que el 5% restante corresponde a la agricultura moderna que se desarrolla, principalmente, sobre las tierras ganadas al desierto a través de los proyectos hídricos.

El proyecto establece un modelo tributario, entonces, para las personas naturales y jurídicas señalando dos regímenes: uno para los pequeños y otro para los regulares. Se exonera del impuesto a la renta a los pequeños productores con ingresos hasta S/ 154,500 (30 unidades impositivas tributarias, UIT). A partir de allí se paga el 1% del impuesto a la renta hasta ventas de S/ 721,000 (110 UIT). En el régimen regular se establece que las empresas agrarias pagarán un impuesto a la renta de 15% entre el 2025 y el 2035. Igualmente se establece un crédito tributario del 20% sobre las utilidades reinvertidas en infraestructura, maquinaria, capacitación y proyectos de investigación entre el 2025 y el 2035. Igualmente se establece la depreciación acelerada y recuperación anticipada del IGV.

El proyecto en debate en el Legislativo se focaliza en las condiciones que posibilitarán que los pequeños minifundistas alcancen el camino del desarrollo y crecimiento, estableciendo una serie de medidas que van desde la formalización de la propiedad agraria –considerando la gran informalidad en los más de dos millones de minifundistas–, se promueve las compras estatales a los pequeños productores, se crea un fondo de financiamiento para incrementar la productividad de los parceleros y se establece que el registro de asociaciones de productores (creación de economías escalas) tendrán preferencias en las compras estatales y líneas de crédito. Asimismo, se otorga ventajas tributarias a las empresas que promuevan la creación de cadenas de valor, asociatividad y transferencia de tecnología en los pequeños agricultores.

El gran problema del dictamen que comentamos es la negativa a establecer la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucedía con la derogada Ley 27360. Se mantiene un Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) al margen de la productividad de las empresas, se establece la contratación preferencial de los trabajadores previos y se promueve la creación de sindicatos y negociaciones colectivas, cuando todos sabemos que, generalmente, la agricultura tiene tres fechas claves de trabajo: siembra, cosecha y mantenimiento.

En cualquier caso, impresiona el nuevo sector de Economía y Finanzas que hoy levanta muros contra la inversión privada. Conductas impensables antes del fracaso de Pedro Castillo.