El enorme costo de la inseguridad

La delincuencia se perfila como el nuevo terrorismo. 

A despecho de las percepciones de nuestras autoridades, el Índice Global de la Paz 2014 del Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, acaba de revelar cifras que comienzan a perfilar la criminalidad como un problema económico tan grave como lo fue en su momento la violencia terrorista, claro salvando algunas distancias. El Perú ocupa el puesto 119 en dicho ranking que mide a 162 países, siendo el 1 el más pacífico; además, está en el nivel 4 (de 1 a 5) en cuanto a la criminalidad percibida por los ciudadanos, y destina hoy el 7.5% de su Producto Bruto Interno (PBI) es decir unos 14 mil millones de soles a la seguridad interna.

El año pasado nuestro país ocupó el puesto 115 en dicho índice, el 2012 el lugar 91 entre 150 países y el 2011 el casillero 91 entre 153. Es decir que en un año descendimos cuatro puestos. Pero más preocupante y alarmante es que el monto del PBI destinado a la seguridad es mucho más de lo que dedica el Estado a otros dos rubros básicos: 3% a la educación y 5% a la salud.

Un gasto tan enorme debe estar afectando sin duda la marcha de la economía en momentos en que enfrenta una evidente desaceleración, propiciada por los errores políticos del propio Estado. En otras palabras, la delincuencia se ha convertido en un gigantesco sobrecosto que pagamos los ciudadanos, como lo fue en la época del terrorismo.

El gasto adquiere ribetes de escándalo si consideramos que el 23% de los peruanos todavía viven en pobreza, una situación que solo se supera con inversión y empleo. Si el 7.5% del PBI destinado a protegernos del hampa fuese orientado a inversión productiva se crearían grandes oportunidades, ya que por cada punto de crecimiento del PBI el empleo crece 0.7%.

Es evidente que el impacto negativo de la delincuencia en la economía crece cada día, según diversas fuentes. La Cámara de Comercio de Lima ha informado, por ejemplo, que el pago de extorsiones por empresas a delincuentes alcanzaría un promedio de 50 millones de dólares al año, y se calcula además que el costo de los proyectos de vivienda ha aumentado en 20% solo por los cupos que se paga a las mafias de construcción civil.

Las pequeñas empresas se han convertido en blancos favoritos de los extorsionadores que exigen dinero a cambio de no matar a los empresarios. En el distrito de San Juan de Lurigancho, hasta el mes pasado cerraron sus puertas 20 pequeños negocios, por no poder pagar las extorsiones, en tanto que el 2013 cerraron otros 67 por el mismo motivo, según las estadísticas policiales.

Los hechos reseñados configuran una situación de inseguridad creciente que enrarece el clima de inversión del país y que, de seguir en ascenso, amenaza nuestro crecimiento económico, ¿Cuál es la respuesta del Estado? Buena voluntad y ni una medida efectiva. Por ejemplo, se sabe que muchas bandas son dirigidas desde las cárceles vía teléfonos celulares, y sin embargo en tres años el gobierno no ha podido colocar bloqueadores que eviten esas llamadas.

La falta de una respuesta eficiente del Estado es sin duda la principal causa de que el accionar de la delincuencia haya crecido vertiginosamente. El hampa se sabe impune y segura de que el crimen en el Perú de hoy paga poco o nada por la ineficiencia estatal. ¿Hasta cuándo?