El déficit fiscal se descontrola en el Perú

Hasta julio de este año el déficit fiscal acumulado en el Perú sumaba el 4% del PBI, una cifra gigantesca comparada con los estándares nacionales de las últimas tres décadas en el manejo de esta variable. Vale anotar que antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo el déficit fiscal en el Perú se ubicaba en el rango de 1% del PBI. La disciplina macroeconómica se derrumbó con la llegada del gobierno de Pedro Castillo en el 2021. La sucesión constitucional de Dina Boluarte y de la actual gestión de José Arista al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha logrado imponer una lógica distinta a la expansión del gasto fiscal, y las alarmas justificadas sobre una eventual pérdida del grado de inversión del país se multiplican.

Vale anotar que en el 2023 se proyectó un déficit fiscal de 2.4% del PBI; sin embargo, al cierre presupuestal este llegó al 2.8% con un adelanto de utilidades del Banco de la Nación en la contabilidad nacional de por medio. Una operación extraña que de no haberse realizado hubiese incrementado más el déficit. Para este año, igualmente, se proyectaba un déficit de 2% del PBI, pero el Ejecutivo ha reformulado el Marco Macroeconómico Multianual y ahora se considera un déficit de 2.8%. Pero el acumulado hasta julio nos podría indicar que tampoco se cumpliría esta meta. Es evidente entonces que el déficit comienza a estar fuera de control.

En esta realidad tienen enorme responsabilidad el Ejecutivo, pero también el Congreso. En el Legislativo se aprueban exoneraciones a diestra y siniestra y se establecen nombramientos automáticos de profesores –sin concurso ni evaluación– para plazas que no están presupuestadas. Los parlamentarios empiezan a tener iniciativa de gasto en contra de la Constitución. No obstante, más allá de las últimas decisiones, existe un problema estructural en el déficit, y que tiene que ver con el modelo de Estado que organizamos para potenciar la inversión privada y la economía de mercado en el país.

Considerando los gastos del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los municipios y de las empresas públicas, el Estado peruano consume alrededor del 30% del PBI nacional, que suma cerca de US$ 240,000 millones. Una enorme cifra para un país de ingreso medio como el Perú, y a pesar de la ineficiencia general en la provisión de servicios estatales.

El Ejecutivo se ha atrevido a modificar las reglas fiscales para seguir en su lógica de mantener el incremento del gasto estatal. Vale anotar que el déficit considerado para este año era del 2% del PBI, para el 2025 debía sumar 1.5% y el 2026 debía regresar a la normalidad de 1% del PBI. Sin embargo, el MEF ha ampliado la trayectoria del déficit al 2.8% para el 2024, a 2.2% para el 2025, a 1.8% para el 2026, a 1.4% para el 2027 y solo recuperaría la normalidad del 1% del PBI para el 2028.

En otras palabras, el gobierno de Boluarte y la gestión de José Arista en el MEF está arrimando el problema del déficit al próximo gobierno. ¿Cuál es la razón para una medida de este tipo? Si el propio BCR ha señalado que el Perú en el 2025, de una u otra manera, lograría el nivel óptimo en recaudación para equilibrar ingresos y gastos del Estado.

El gobierno de Boluarte, pues, confirma su naturaleza de izquierda por su imposibilidad de reducir los gastos del Estado. En vez de pensar en crear nuevos ministerios se debería imaginar la reducción de la mitad de los 19 ministerios, eliminar las sobrerregulaciones en el Estado y podar las gigantescas burocracias con el objeto de organizar un Estado pequeño, pero eficiente y con la autoridad suficiente para preservar el Estado de derecho.