A Dios rogando y con el mazo dando

Se lanza el paquete reactivador, pero siguen murallas contra inversión. 

Más de un mes después de que el Ejecutivo anunciara el paquete de normas dirigidas a recuperar el ritmo de crecimiento de la economía, en lugar de buenas noticias que nos confirmen la reactivación, nos llegan malas nuevas que nos dicen que la tramitología persiste y se aprueban nuevas normas que dañan la confianza de los inversionistas. ¿Se puede así retomar la velocidad de nuestro crecimiento económico?

La última señal negativa acaba de darla el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al informar que las inversiones petroleras proyectadas para este año por US$ 450 millones, solo sumarán US$ 360 millones por los obstáculos que levanta el Estado contra la inversión privada en ese rubro.

Lo más grave es que la proyección del MEM marca una tendencia negativa de la producción petrolera para la próxima década, por falta de nuevas inversiones y por el estancamiento de las contratos en curso. De los 68 mil barriles diarios que se produce, la selva norte aporta solo 15,000, mientras que la selva de Colombia produce hoy un millón de barriles diarios gracias a las inversiones-

Según cifras oficiales, tenemos solo 47 contratos de exploración y 24 de explotación. La mayoría de los primeros están paralizados por culpa de los trámites burocráticos. El MEM ha intentado contrarrestar este problema formando “Mesas de seguimiento” que intentan acelerar los trámites, pero sin éxito. El ogro estatal sigue inamovible, bloqueando las inversiones.

Otra mala noticia que debemos analizar: el gobierno ha aprobado una norma legal que autoriza a la Oficina de Gobierno Interior (OGI) del Ministerio del Interior a regular las campañas de promoción de ventas de las empresas de retail, y también a sancionarlas si los burócratas de esa dependencia consideran que se incumple la norma. Ésta, por cierto, es ilegal en tanto la Constitución le encarga esa tarea a los organismos reguladores del mercado y garantiza el libre ejercicio de la actividad empresarial.

¿Qué tiene que hacer una instancia burocrática de carácter político, como es la ONAGI, en asuntos de regulación del mercado? Absolutamente nada. La única explicación parece ser un afán populista y partidista de disponer los bienes que confiscaría la ONAGI a las empresas de retail. Ya lo hemos visto hace pocas semanas, cuando esos bienes fueron repartidos entre militantes nacionalistas.

El problema es que no estamos ante un par de medidas aisladas sino ante un comportamiento recurrente del gobierno que parece invocar el espíritu del plan “La Gran Transformación”, del cual forman parte otras propuestas como el intento frustrado de comprar La Pampilla y los grifos de Repsol, la negación a los nuevos afiliados del derecho a elegir una AFP, la aprobación de la estatista Ley Universitaria, o la “modernización” de la refinería de Talara que busca otorgarle un carácter estratégico a Petroperú .

Y como triste corolario, el economista español Ricardo Lago, acaba de afirmar que nuestra economía está creciendo por debajo del 2% no obstante que la mayoría de pronósticos señalan que nuestras expectativas de crecimiento se sitúan entre los 4 y 5 puntos.

El gobierno debería reflexionar sobre el impacto negativo que tienen las decisiones populistas y estatistas sobre los pobres, pues por cada punto menos de crecimiento económico se pierden miles de oportunidades de empleo para que más peruanos puedan salir de la pobreza. El jefe de Estado debe tener siempre presente que aún tenemos a un 23% de compatriotas viviendo en esa condición penosa.