¡Detengamos la minería ilegal en Pataz ahora!

En el Ejecutivo y en el Congreso parece haberse llegado a la conclusión de que el avance de la minería ilegal en la provincia de Pataz en La Libertad es un problema que puede ser encapsulado en la zona. En el Gobierno pareciera existir el temor acerca de que la interdicción de las actividades ilegales puede causar desenlaces y problemas sociales de mayor envergadura. Sin embargo, postergar el problema no solo aniquila la viabilidad social de Pataz y de toda la región La Libertad, sino de todo el Perú.

¿Por qué el alarmismo? En Pataz se está ensayando una convergencia entre la minería ilegal y bandas criminales internacionales, se está creando un software institucional, económico y social que puede extenderse a todas las regiones del país, sobre todo a las áreas de producción de oro y de cobre. Como todos sabemos el precio de la onza de oro ya sobrepasó los US$ 2,500 y todo indica que seguirá al alza por la crisis de las monedas nacionales. El Perú es el segundo productor de oro en América Latina y décimo a nivel mundial. Igualmente, el país es el segundo productor mundial de cobre y tiene la tercera mayor reserva de este mineral. La libra del metal rojo ya superó los US$ 4.5 y seguirá al alza por la demanda mundial.

El Perú por su condición de país minero, entonces, tiene dos opciones: o desarrolla su potencial minero en base al Estado de derecho y la inversión minera moderna que paga impuestos, preserva el medio ambiente y genera empleo formal o avanza la minería ilegal que destruye el medio ambiente, no paga impuestos y resucita formas de esclavitud y diversos tipos de trata de personas. Es una disyuntiva insalvable, a la que no puede escapar el Perú.

La minería ilegal en Pataz entonces se ha convertido en el laboratorio en donde se desarrolla la estrategia criminal que puede liquidar el Estado de derecho en el país. Si la minería ilegal sigue avanzando en el corredor minero del sur –en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional– es lo que puede suceder.

En Pataz, los pistoleros de las bandas criminales internacionales ya han dejado más de 23 muertos de las empresas, 9 heridos y se han derribado más de 15 torres de alta tensión. El número de volquetes que carga el mineral ilegal se incrementa año por año. Por ejemplo, en el 2021 se detectaron 2,710 viajes con carga de casi 30 toneladas cada uno. El 2022 hubo 6,384 viajes. Y he aquí lo terrible: el 2023 se registraron 9,309 volquetes que transportan mineral ilegal y hasta julio del 2024 se adiciona 6,117 viajes. Una suma de 33,000 volquetes que transportan alrededor de 30 toneladas de mineral ilegal cada uno, con una ley de oro de ½ onza (cerca de 16 gramos) por tonelada. Una cantidad que representa más de US$ 1,200 millones de dólares robados en 4 años a las empresas formales Minera Poderosa, Marsa y Horizonte.

Todos estos hechos suceden a pesar del Estado de emergencia en Pataz y no obstante las declaraciones de las autoridades del gobierno regional de La Libertad, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la policía nacional (PNP). Las cifras de la acción de la justicia, igualmente, son lamentables: la PNP detuvo a más de 600 mineros ilegales, pero liberó a 590.

La alianza de la minería ilegal y el crimen organizado, como se puede apreciar, es una especie de metástasis que destruye todo el tejido institucional, desata la corrupción y el envilecimiento de las instituciones. Pataz ya es una sola liberada de la autoridad de la Constitución y la ley nacional en donde el crimen organizado impone sus reglas y sanciones de muertes. ¿Vamos a permitir que la tragedia continúe y se extienda a todo el Perú?