¡Cuidado con la minería ilegal en el corredor vial del sur!

Desde inicios de este año venimos informando que en el corredor vial del sur, área en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional, se han multiplicado las invasiones y asaltos sobre las concesiones de la minería moderna nacional. De alguna manera las invasiones de mineros ilegales están alentadas y empoderadas por el discurso del radicalismo antiminero, las estrategias extorsivas de algunos sectores y las narrativas que han construido las oenegés anticapitalistas.

Asimismo, al lado de la aparición de invasiones de minería ilegal en Apurímac, Cusco y Arequipa –zonas de grandes yacimientos de cobre–, en Cajamarca, otra región repleta del metal rojo, han comenzado a aparecer invasiones de mineros ilegales. ¿Qué significa que se multipliquen las invasiones de mineros ilegales en regiones y áreas con grandes yacimientos de cobre? Que, de una u otra manera, luego del oro, el cobre se convertirá en el blanco de las economías ilegales.

En el caso del oro las cosas están meridianamente claras. El precio de la onza de oro no cesa de subir (alrededor de US$ 2,400) y se calcula que la minería ilegal produce dos millones de onzas de oro, que representan alrededor de US$ 5,000 millones. Si bien el precio de la libra del cobre hoy oscila en US$4, en semanas anteriores llegó a los US$ 4.5. Considerando que en las próximas dos décadas la demanda de cobre en el mundo se duplicará, por la multiplicación de autos eléctricos y el desarrollo de las energías renovables, es incuestionable que el precio de la libra del cobre seguirá subiendo.

¿Qué puede significar esta tendencia en medio de una situación en donde se multiplican las invasiones de mineros ilegales a las concesiones de cobre de la minería moderna? Que los recursos naturales con que la naturaleza ha provisto al Perú, en vez de una bendición para reducir pobreza y extender el bienestar de toda la sociedad, se convertirán en una verdadera maldición, que transformará al país en una sociedad inviable y creará un Estado fallido.

¿Una sobrerreacción injustificada? De ninguna manera. En la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal se ha aliado con el crimen organizado internacional y está atrayendo a todo tipo de organizaciones delictivas del planeta. El crimen organizado corrompe a sectores de la policía nacional (PNP), del Ministerio Público, del Poder Judicial, neutraliza a sectores del gobierno regional y gobierno nacional. De allí la explicación que hayan aparecido pistoleros –como en el Viejo Oeste– que han dejado 9 trabajadores muertos, 23 heridos, 15 torres de alta tensión derribadas y cerca de 600 camiones que, diariamente, transportan el mineral ilegal.  El crimen organizado pretende destruir la minería moderna y formal y empresas como Minera Poderosa, Horizonte, Aurífera Retama, que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y crean empleo formal, son arrinconadas por la violencia y los pistoleros.

Por todas estas razones el Ejecutivo, el Congreso, los políticos y peruanos de buena voluntad, deben iniciar una cruzada nacional para erradicar la minería ilegal en el país. Y un objetivo de ese tipo no solo requiere buenas leyes y alejar la influencia de las economías ilegales del Congreso, sino también una movilización de las instituciones del país para restablecer el Estado de derecho en las regiones mineras afectadas por la violencia. En ese sentido, la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los medios de comunicación no deben permitir que la minería ilegal siga desatando la violencia en Pataz y que continúen las invasiones en el corredor vial del sur y en Cajamarca. Un día más con minería ilegal es aceptar la inviabilidad del Perú.