Cómo la minería ilegal erosiona el futuro del Perú

El Perú enfrenta una crisis cada vez más aguda debido al crecimiento incontrolado de la minería ilegal. Este fenómeno, presente en diversas regiones del país, está generando una serie de problemas graves como la creación de "territorios liberados" fuera del control estatal, un aumento de la violencia con decenas de muertos y heridos, y una evasión fiscal masiva que priva al país de recursos cruciales. Además, la minería ilegal, al estar fuertemente ligada al crimen organizado, ha resultado en la destrucción de infraestructura vital, como las torres de alta tensión, y en la proliferación de actividades delictivas relacionadas. El impacto medioambiental es devastador, con el uso de sustancias tóxicas, como el mercurio, que contaminan ríos y suelos, afectando tanto a la biodiversidad como a la salud humana.

La minería ilegal en el Perú no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces profundas que se relacionan con la oposición a la minería formal. En el norte del país proyectos mineros como el de Tambogrande, a cargo de la empresa Manhattan, fueron bloqueados por fuertes movimientos sociales impulsados por organizaciones anticapitalistas. Estos grupos alegaban que la minería destruiría la agricultura local y amenazaría productos emblemáticos como el limón y el mango. Sin embargo, la salida de la empresa minera formal solo abrió las puertas a la minería ilegal, que hoy contamina la región sin control alguno. De manera similar, en Cajamarca, diversos proyectos fueron detenidos (como Conga), dejando un vacío que rápidamente fue llenado por mineros ilegales que ahora operan impunemente en diversas zonas de la región.

Uno de los focos más críticos de la minería ilegal en la actualidad es la provincia de Pataz, en La Libertad. Esta región, rica en yacimientos de oro, se ha convertido en un campo de batalla entre el Estado y las bandas criminales que explotan el mineral de manera ilícita. El oro, cuyo precio supera los US$ 2,500 por onza, ha generado un interés desmedido por parte de grupos que no solo evaden al Estado, sino que también imponen su propia ley, causando muertos y heridos en enfrentamientos armados. A pesar de los esfuerzos por establecer un estado de emergencia en la zona, la minería ilegal sigue avanzando, beneficiándose del desamparo de las concesiones formales, que ven cómo sus terrenos son sistemáticamente invadidos y saqueados.

En el sur del país, la situación no es menos preocupante. El corredor minero del sur, que concentra cerca del 40% de la producción de cobre del Perú, también ha sido blanco de la minería ilegal. Los altos precios del cobre, que rondan los US$ 4 por libra, han atraído a miles de mineros ilegales que invaden las concesiones de empresas formales como Las Bambas. Aunque en esta zona aún no se ha registrado la alianza con el crimen organizado que se ve en Pataz, la proliferación de actividades ilegales amenaza con desbordar el control estatal, creando una situación que podría desembocar en una nueva ola de violencia y caos.

El crecimiento descontrolado de la minería ilegal representa un peligro directo para la estabilidad del Estado y la democracia en el Perú. El avance de estas actividades ilícitas ha generado zonas fuera del control estatal, donde impera la ley del más fuerte y las autoridades locales y nacionales parecen incapaces de intervenir eficazmente. Este "nuevo salvaje oeste", como algunos lo han denominado, está erosionando la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. A medida que la minería ilegal se expande, su alianza con el crimen organizado se consolida, lo que podría llevar a una descomposición aún mayor del tejido social y político del país.

La amenaza para el Estado peruano no se limita a la violencia y la ilegalidad. El colapso del orden legal en estas zonas también socava la posibilidad de desarrollo sostenible. Sin un marco legal sólido que respalde la minería formal –que respeta el medio ambiente, paga impuestos y genera empleos formales– el Perú corre el riesgo de perder uno de sus principales motores económicos. La minería moderna, que podría ser una fuente significativa de ingresos y progreso, se ve bloqueada por un sistema paralelo de extracción ilegal que solo genera pobreza, destrucción ambiental y corrupción.