Manuel Gago
Voto vigilante, el mayor de los engaños
¿Qué hacemos con los “niños”?

La progresía votó por Castillo, vició su cédula y no sufragó en la segunda vuelta electoral del 2021. Alegaba que su “voto” sería vigilante; es decir, que se mantendría alerta al desempeño del presidente. Hoy, una vez más, sabemos que todo lo que viene de ella es maquillaje y farsa oronda.
Esta progresía, autonombrada el último bastión de la decencia, se ha puesto hoy del lado de la corrupción. No ganan elecciones pero están bien acomodados en las instituciones del Estado. Resulta fácil entender la razón del desapego frente a las pruebas que hunden a la, hasta ahora, supuesta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno. El Estado es el empleador por excelencia para quienes saben vivir de él.
En la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, presentada al Congreso de la República, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, detalla los delitos que habrían cometido el mandatario y sus compinches. Hay más que suficientes elementos de convicción, que solventan el escrito de 3,765 páginas.
Las fugas de Juan Silva (exministro de Transporte), Fray Vásquez (sobrino del presidente), y Alejandro Sánchez (dueño de la vivienda de Sarratea, lugar donde Castillo despachaba soterradamente) enrarecen la credibilidad del presidente. Asimismo, son demoledoras las pruebas sobre el dinero destinado a Castillo, el plan de copamiento de ministerios con el fin de controlar contratos, los nombramientos públicos indebidos, la captación de congresistas, la coordinación de fugas de investigados, las amenazas, la compra de silencios y hasta la desaparición de testigos. Según Bruno Pacheco, cuando era prófugo de la justicia su condición no era de protegido sino de secuestrado. Temiendo por su vida, el exsecretario general de Palacio escapó del cautiverio y se entregó a la Fiscalía.
Resulta difícil aceptar la sangre fría de esta criminalidad tosca y torpe entronizada en Palacio. Y también difícil entender las justificaciones para tanta sinvergüencería cometida por personas, ¿acaso acostumbradas a comportamientos más allá de los reñidos con la buena fe, la honorabilidad y las buenas costumbres?
Vladimiro Montesinos ya ha sido superado por los consejeros de Castillo. La captación de parlamentarios sirve para defender al régimen, deteniendo el avance de la oposición y de la ley. De los 25 congresistas que conforman la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (que verá la denuncia de la fiscal) sólo 9 son confiables: de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Los tres de Acción Popular (AP) fueron captados por Castillo. En el Congreso, los “niños” sumarían 19 o más. Vendieron su alma en Palacio por nombramientos de autoridades, obras y comisiones.
La oposición ensaya cómo resolver la situación. Sería simple separarlos de la Subcomisión, pero una investigación preliminar en contra de los parlamentarios no es suficiente para extirpar el mal. Expulsarlos de AP y reemplazarlos por accesitarios fue una posibilidad desestimada. Las autoridades acciopopulistas que lo intentaron no estaban reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Entonces, ¿qué hacemos con los “niños”? El congresista Ilich López y otros firmaron el nuevo pedido de vacancia. ¿Les creemos o la desfachatez pesará hasta el final? Si la denuncia de Benavides llega a buen puerto (acusación y desaforo de Castillo), muchos irán presos y otros estarán envueltos en interminables procesos judiciales. Apestados finalmente, aunque en política nada está dicho.
Ya veremos si prevalece la razón o la “naturaleza pecaminosa” suelta de huesos. Veremos si por un instante de iluminación los “niños” entenderán el poder efímero que hoy ostentan. Sin embargo, del sambenito no se libran. Veremos, finalmente, si prospera la acusación de Benavides, si 87 parlamentarios votan por la vacancia y si Podemos, Somos Perú, Alianza para el Progreso y AP se alinean firmemente en contra de Movadef y Perú Libre. ¡Cualquiera, pero ya!
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