Venezuela: cuando el realismo sustituye a la hipocresía

Venezuela vive hoy una calma engañosa. No es estabilidad ni reconciliación: es la pausa tensa que precede a un quiebre llamado “Resolución absoluta”, una operación que conllevó a la reciente acción de los Estados Unidos que no solo era previsible sino inevitable. Y, sobre todo, legítima.

Durante años, buena parte de la comunidad internacional optó por el lenguaje cómodo de los comunicados, las exhortaciones y los “buenos oficios”. Se habló de diálogo mientras se encarcelaba a los opositores, se hablaba de soberanía mientras se destruía el Estado de derecho, y se hablaba de legalidad mientras se falseaban los resultados de las elecciones. El saldo es conocido: un país arrasado, más de siete millones de hermanos venezolanos fuera de su patria, migrando hacia la ilegalidad y una dictadura sostenida por la fuerza de las armas.

Que Delcy Rodríguez continúe ejerciendo funciones de una supuesta “presidencia” transitoria, o que personajes como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino sigan operando en las sombras del poder –y por ahí también vi declarar al fiscal general, lo que en nuestro país es el fiscal de la Nación– no genera entusiasmo alguno. Pero exigir su inmediata desaparición política sin control efectivo del territorio ni del aparato militar sería una temeridad. Las dictaduras no se disuelven por decreto ni por buena voluntad.

Como ha sostenido el excanciller peruano Francisco Tudela, el Derecho Internacional no protege tiranías ni blinda gobiernos ilegítimos. Por el contrario, cuando existe ruptura del orden constitucional, fraude sistemático, represión generalizada y ausencia total de soberanía popular, la doctrina de la responsabilidad de proteger habilita acciones excepcionales. La doctrina de la responsabilidad de proteger no es retórica académica; es una obligación moral y jurídica.

Por eso resulta particularmente grave —y revelador— que Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia y España insistan en pedir la intervención del secretario general de la ONU. ¿Intervención para qué? ¿Para mediar con quienes no reconocen elecciones, no respetan acuerdos y han convertido la represión en método de gobierno? La ONU ha demostrado, en Venezuela y en otros escenarios, una impotencia estructural frente a dictaduras consolidadas. Invocarla hoy no es prudencia: es evasión.

Estados Unidos, en cambio, parece haber aprendido de la historia. Hace más de veinte años, Hugo Chávez fue retirado brevemente del poder, solo para regresar fortalecido por la improvisación y la ingenuidad de una oposición sin respaldo ni control. Hoy el error no se repite. Con el aparato militar chavista aún activo, entregar el poder a un civil venezolano sin garantías reales habría sido una sentencia de muerte política, y posiblemente física. El desconcierto inicial fue parte de la jugada.

El objetivo es inequívoco: desmontar el andamiaje autoritario y crear condiciones reales para elecciones libres, en las que una líder con legitimidad popular como María Corina Machado pueda competir y vencer. Sin seguridad, sin control territorial y sin neutralización de amenazas armadas, hablar de democracia es una farsa.

El componente económico tampoco es menor. Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del planeta. Su reincorporación ordenada al mercado internacional permitiría iniciar la recuperación interna y tendría efectos globales, incluyendo la estabilización de los precios de la energía. Venezuela no es solo un problema interno: es un factor geopolítico de primer orden.

Finalmente, aplaudir sin pensar en lo ocurrido sería una irresponsabilidad en el continente. No se puede combatir una dictadura para terminar aceptando nuevas formas de dominación. Venezuela no necesita cambiar de “patrón”, necesita inmediatamente de una transición, de elecciones inmediatas, dignas y transparentes, necesita recuperar su libertad y su soberanía.

Optimismo, sí, pero sin ingenuidad. Y, esta vez, con decisión.