Vacaciones de cuarentena en el sector público

En vista de que la suspensión perfecta de labores no ha sido impuesta a los empleados públicos, es necesario analizar la situación actual y poner los puntos sobre las íes para desentrañar la verdad oculta a la sociedad: ¿Realmente están trabajando los empleados públicos? ¿O solamente están de vacaciones de cuarentena? ¿Es que acaso están trabajando de forma remota a través de las redes sociales con sus pulgares oponibles?

Para entender el asunto, definiré brevemente la suspensión perfecta de labores como el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar un servicio y la del empleador de pagar la remuneración correspondiente. Al respecto, debo señalar que el art. 2º del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 aplica taxativamente dicha figura a los trabajadores y empleadores del sector privado, mas no a los del sector público.

Después de estas precisiones, resulta inevitable preguntarse por qué el presidente Martín Vizcarra no consideró a los empleados públicos dentro de este régimen u otro análogo, con el fin de mitigar el exorbitante gasto público destinado a la contratación y permanencia de personal que, hasta la fecha, se mantiene a cabalidad en beneficio de los empleados públicos, asegurándoles el buen vivir y la cartera. 

La realidad de nuestro país evidencia que la ingente mayoría de empleados públicos –que la rimbombante Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) denomina como: funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera, servidores de confianza, así como personal de CAS (Contratos Administrativos de Servicios) y nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276– están gozando de vacaciones remuneradas gracias a la cuarentena. O en el mejor de los casos, vienen realizando trabajos remotos y chapuceros a través de Whatsapp o por teléfono, lo cual se resume en vagas orientaciones que no resuelven en absoluto los pedidos de los administrados. 

Esto lo puede acreditar cualquier individuo con dos dedos de frente que haya acudido in situ (para ver que no hay atención) o por medio de llamadas telefónicas o Whatsapp a entidades como la Sunat, la Sunarp, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Indecopi, la Sunedu, los gobiernos regionales y locales, etc. Sin embargo, debo precisar que con esta afirmación no quisiera menoscabar el empeño y valía de trabajadores tales como administrativos, recaudadores y cajeros de dichas dependencias estatales, quienes son los que aseguran ingresos al Estado, a pesar de la ausencia del resto del personal.

La reflexión que se podría extraer de lo antedicho es que para el presidente Vizcarra los empleados públicos sí poseen derechos y beneficios laborales que deben respetarse a cabalidad en pleno estado de emergencia (según los especialistas laboralistas de izquierda); mientras que los trabajadores del sector privado deben mantenerse constreñidos con la suspensión perfecta y esperar las cacareadas fases de reactivación económica que el desgobierno impone, para así poder trabajar con autosuficiencia y cobrar por sus honorarios bien merecidos. Nada de recortes salariales ni de suspensión perfecta ni de licencias sin goce de haber para los empleados públicos. Los susodichos sí tienen derecho a cobrar sus remuneraciones completas e intangibles durante cada mes que dure la pandemia; pese a no haber trabajado realmente o, a lo sumo, haber realizado un trabajo remoto inútil o de pésima calidad, inconducente a solucionar los pedidos y controversias de los administrados.

El desgobierno actual no solo ha provocado la pérdida de millones de empleos, sino que impide la verdadera e inmediata reactivación económica a través de las empresas privadas. Una situación que recién se cruza por las entendederas del presidente Martín Vizcarra con la llegada del flamante presidente del Consejo de Ministros: Pedro Cateriano. 

No está de más decir que vivimos inmersos en la ineptitud y arbitrariedad del desgobierno que, con sus tentáculos de ministerios y trabas burocráticas de siempre, impide a la clase emprendedora de este país desenvolverse libremente para la consecución de dos fines primigenios: la propiedad y la seguridad jurídica.