Una ley que podría quedar en offside

Todo indicar que el presidente Martín Vizcarra observará el proyecto de ley aprobado por el Congreso, el que se dispone que los afiliados a las AFP puedan retirar el 25% de sus fondos, hasta el límite de 3 UIT (S/ 12,900). El plazo que tiene el primer mandatario para tomar la decisión vence el 27 de abril. Lo más probable es que antes que venza el plazo, el presidente envíe un proyecto de ley, con carácter de urgencia al Congreso, para que este discuta y apruebe una reforma del sistema de pensiones, la cual es la verdadera solución al problema y la mejor forma de defender a los millones de afiliados en el fondo privado de pensiones. Pero la solución incluirá a la propia ONP, abarcando una reforma integral de ambos sistemas, de capitalización y de reparto.

Incluso el presidente podría tomar la decisión de promulgar la iniciativa del Congreso, pero anticipándose con una propuesta de reforma integral. Con ello la iniciativa congresal quedaría sin piso o con muy poco impacto, porque la iniciativa presidencial crearía una expectativa de mejoría estructural de las condiciones de capitalización de los afiliados, evitando los abusos y las comisiones altas, para acabar con el actual oligopolio del sistema privado. Ese solo hecho, crearía la esperanza de una revitalización de la capitalización, en un sistema más justo y competitivo. En ese escenario, dudo mucho que un afiliado que tiene S/ 50,000, S/ 100,000 o más de S/ 250,000 de fondos se atreva a retirar el 25%, porque sabría que la reforma podría revalorar su capitalización, en el corto, mediano y largo plazo. Sobre todo porque para entonces cientos de miles de ciudadanos que se ubican en la parte más baja de la pirámide de los afiliados de las AFP, ya habrán retirado los S2000 que el Ejecutivo ha permitido a través de un Decreto de Urgencia. 

Con la iniciativa presentada por el Ejecutivo de una reforma integral, los términos del debate cambiarán sustantivamente, superando el cortoplacismo y el populismo de la propuesta aprobada por el parlamento. Se pasaría entonces a las cuestiones de fondo para superar un sistema injusto: ¿Cómo generar más competencia para que otras entidades como las cajas municipales, los bancos, las compañías de seguros, también participen de este sistema? ¿Cómo retomar aquella propuesta que planteaba utilizar un porcentaje del pago del IGV de los consumidores, para que una parte del valor impositivo por la compra de bienes y servicios, ingrese a su cuenta de capitalización y de paso fomentar la formalización? ¿Como bajar las comisiones y evitar aquel sistema perverso por el cual cuando los afiliados, en épocas de crisis como la actual, pierden mientras las empresas administradoras siguen ganando lo mismo? ¿Cómo hacer entender a los afiliados que la inversión de los fondos en el país o en el extranjero fortalece el sistema en nuevas condiciones de equidad y fortalece los fundamentos macroeconómicos y los bonos peruanos en el mercado de capitales? ¿Qué mecanismos crear para que los afiliados tengan al momento de su jubilación una pensión mínima digna? 

El otro ámbito del debate de la propuesta será el de la reforma de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el ámbito público, sobre la cual no tenemos ningún tipo de información, porque quienes están bajo ese sistema no saben cuales son sus ahorros para la jubilación. Y cuando llegan a los 65 años tienen que llevar todas sus boletas de pago a la ONP para empezar un largo proceso de jubilación que a veces tarda varios años y, casi siempre con pensiones muy bajas. ¿Por qué no pensar en una AFP estatal o algo parecido? ¿Por qué no generar un sistema de capitalización en el ámbito estatal que compita de igual a igual con el sector privado y que también pueda invertir en el país y el extranjero? ¿Por qué no crear un registro nacional de los aportantes en este sistema estatal que evite que al momento de la jubilación los mayores de edad tengan que llevar a la ONP una ruma de boletas, cuando estamos en plena era de la digitalización? Y así como ahora cualquier afiliado de una AFP privada recibe mensualmente en su correo electrónico el monto de capitalización mensual, ¿porque no lo puede hacer una entidad estatal que reemplace a la ONP? ¿Por qué seguir con aquella injusta regla que señala que si un pensionista no tiene aportes continuos no tiene derecho a una pensión en la ONP? 

Es evidente que en el pasado, tal como la historia lo registra, la falta de transparencia en el sistema estatal de pensiones se ejercía deliberadamente por parte de los gobiernos de turno para hacer uso indebido de los fondos de los pensionistas y destinarlos para otras actividades, en perjuicios de los futuros jubilados en el sistema estatal. ¿Es tan difícil crear un sistema intangible y con eficaces candados que eviten esas oprobiosas circunstancias? Ahora, con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los sistemas digitales, sería muy fácil bloquear cualquier posibilidad de ese manejo discrecional por parte de los gobiernos, estableciendo penas drásticas para aquellos funcionarios y gobiernos que repitan experiencias pasadas nefastas en la gestión del fondo de pensiones estatal. Y el Congreso tiene todos los elementos de juicio para legislar sobre la materia. 

Como telón de fondo, una decisión transversal en el proceso de modernización y reforma, tanto de las AFP como la ONP, es modificar aquella situación por la cual, según datos del INEI, solo el 38.0% de la población masculina y el 24,5% de la femenina en edad de trabajar cuenta con un sistema de pensiones. Es obvio que una modificación de esta realidad no solo podrá ser resuelta por la reforma del sistema de pensiones, sino tiene que ver con otras variables de la economía: la falta de generación de empleo por parte de la economía, la informalidad de las empresas, la baja productividad, la baja recaudación tributaria nacional, entre otros aspectos. Pero no cabe duda de que una mayor competencia y menos abusos en ambos sistemas contribuirán en gran parte a ensanchar la franja de trabajadores formales, en planilla y aportantes a una AFP privada o al sistema estatal reformado.