Una advertencia permanente

El país está atravesando serias crisis en diversos aspectos. El actual Gobierno lleva menos de un mes en el cargo y, tal como ha pasado recientemente en Colombia, ya ha tenido que atravesar diversos desastres naturales de distinto origen, impacto y localización. Recientemente tenemos la percepción de que los sismos alrededor del mundo, y también en nuestro país, están aumentando en cantidad e intensidad. Ante esto, es necesario brindar algunos datos e indicar cuáles son los posibles riesgos y amenazas naturales que este Gobierno tendrá que enfrentar. Esto también, espero, sirva de advertencia a la ciudadanía antes de que llegue el momento de lamentarse.

Como es de conocimiento general, el Perú puede ser susceptible de sufrir un terremoto de gran magnitud en cualquier parte de su territorio y en cualquier momento. Situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca subduce bajo la Sudamericana, nuestro país experimenta una actividad sísmica permanente: más de 800 sismos al año en promedio, según el Instituto Geofísico del Perú. En 2025 se superaron los 800 eventos y en 2026, hacia agosto, ya se contabilizaban cerca de 570, incluyendo movimientos de magnitud significativa como el sismo de 7.2 en Ayacucho el día de ayer.

Esta frecuencia no es una anomalía reciente, sino la expresión normal de la dinámica tectónica. Sin embargo, la percepción de que “ocurren más seguido” refleja, en parte, una mayor visibilidad mediática y una mayor preocupación ciudadana ante la amenaza de un gran terremoto, especialmente en la costa central, donde existe un “silencio sísmico” relativo desde el evento de Pisco en 2007.

Paralelamente, el país enfrenta amenazas hidrometeorológicas cada vez más complejas. El fenómeno de El Niño Costero se encuentra en alerta, con proyecciones de magnitud fuerte a extraordinaria que podrían mostrar sus efectos más devastadores en el verano de 2027. Las lluvias intensas se anticipan desde noviembre, con picos en febrero y marzo, y elevarán drásticamente el riesgo de inundaciones, huaicos y deslizamientos, particularmente en la costa norte.

A esto se suman eventos como la DANA, que durante este mes, con el sistema Aníbal, generó lluvias récord, aniegos y demás afectaciones en el sur, habiéndose interrumpido el tráfico por la Panamericana Sur. El Senamhi advierte que el Perú puede experimentar hasta tres DANA al año, cuya intensidad se potencia en contextos de El Niño. Estas amenazas no son nuevas, pero el ciclo actual del clima las agrava, aumentando la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas y la vulnerabilidad de poblaciones asentadas en zonas de riesgo.

La pregunta clave no es si estos fenómenos ocurrirán, sino por qué el Perú sigue tan poco preparado para enfrentarlos. La respuesta se encuentra en una combinación de factores estructurales, institucionales y culturales que convierten peligros naturales en desastres sociales.

Recordemos que el Niño Costero de 2017 dejó cientos de muertos, miles de damnificados y pérdidas económicas millonarias. Es necesario también recordar que la gestión mediocre llevada a cabo por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Kuczynski para tratar de paliar los efectos negativos de aquel desastre sería uno de tantos detonantes que motivarían su posterior renuncia.

Por otro lado, un sismo de gran magnitud en Lima, Piura o Arequipa podría generar decenas de miles de víctimas y colapsar múltiple infraestructura crítica. Escenarios prospectivos elaborados por el propio Estado proyectan cifras devastadoras si no se actúa. Más allá de las cifras, está el costo humano: familias que pierden todo, niños que interrumpen su educación, comunidades que tardan años en recuperarse.

Esta reflexión no debe quedarse en la denuncia. Afortunadamente, creo que el Perú posee ciertas capacidades científicas y una creciente conciencia ciudadana. Existen ejemplos de buenas prácticas: sistemas de alerta temprana, reforzamientos estructurales con técnicas accesibles como las mallas electrosoldadas o el mortero, nuevos programas de vivienda con criterios sismorresistentes y mayor articulación entre niveles de gobierno. Lo que falta es escala, consistencia y voluntad política sostenida. Prepararse implica varias líneas de acción simultáneas que todavía no se están realizando.

Que todo lo expuesto anteriormente sirva de advertencia al nuevo Gobierno de la señora Fujimori. Recordemos que la actual oposición va a aprovechar cualquier desliz y error del Ejecutivo para realizar furibundas críticas y tratar de desprestigiar y desestabilizar al Gobierno para volver al poder. Lamentablemente, de momento, el Gobierno les está dando motivos para generar dichas críticas.

La actual inacción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de la cartera de Defensa, son motivos suficientes para críticas y cuestionamientos fundamentados. Obviamente, la mayoría de las críticas que llegan por parte de la izquierda no buscan aportar, sino destruir; no buscan proponer soluciones, sino simplemente incrementar el lodo político antifujimorista. Sin embargo, esto no puede ocultar que, de momento, las acciones realizadas por el Ejecutivo para prepararse ante los desastres naturales resultan, por lo menos, insuficientes.

Esperemos que se pueda reemprender el rumbo en los próximos meses y el Perú esté preparado ante la llegada de lo que se cree será un fenómeno de El Niño mucho más potente que el que asoló el norte en 2017.

El Perú no puede elegir su geografía ni detener los cambios climáticos propios de un ciclo del planeta. Pero sí puede decidir cómo enfrentarlos. La falta de preparación actual no es un destino inevitable, sino el resultado de décadas de crecimiento desordenado, priorización del corto plazo y subestimación del riesgo. Cada sismo sentido, cada DANA que inunda calles y cada alerta de El Niño son recordatorios permanentes.

La verdadera resiliencia no se mide solo por la capacidad de responder después del desastre, sino por la capacidad de reducir el daño antes de que ocurra. Construir esa resiliencia es, hoy más que nunca, una tarea impostergable. Por otro lado, los individuos de la sociedad civil organizada tenemos que ir poniéndonos manos a la obra y organizarnos para mitigar el daño en nuestras comunidades. Esperemos que esta vez el Gobierno pueda colaborar y no constituirse en un lastre como en previas ocasiones.