Tribunal Constitucional debe decidir

Contra toda previsión del gobernante de facto Martín Vizcarra, su séquito legicida y sus guaripoleras mediáticas, el presidente del tribunal constitucional ha citado al pleno de esa instancia en atención al pedido efectuado por el presidente del Congreso, en referencia a la cuestionada legalidad de la disolución de ese órgano legislativo.

Como paso previo, presidente de TC procederá a juramentar al nuevo integrante de tribunal. No se sabe si habrá una cuestión previa para que el pleno evalúe incorporación, o Blume hará valer sus atribuciones dejando de lado la “trampita” que congresistas de izquierdas Dammert y Foronda montaron para pretender invalidar elección: falsificar ellos mismos un voto para luego aducir fraude.

Esta juramentación es clave porque quebraría una supuesta correlación de fuerzas a favor de apoyar legicidio de “fáctico” Vizcarra. Sin embargo, debemos lamentar que incluso en una instancia como el TC, no primen criterios jurídicos sino intereses predeterminados. Hay dos magistrados del TC que ya adelantaron opinión sobre nuevo integrante, aunque no les compete. Pero es el aquelarre mediático lo que manda en Perú de hoy.

Tenemos una oportunidad para regresar al cauce institucional que Vizcarra abandonó. Existe la posibilidad que el TC actúe más allá de lo jurídico y atiende en parte los hechos consumados. Esa falta de previsibilidad de los fallos hace que cada día que pasa nuestro país sea más y más inelegible para inversiones serias y sostenibles. Eso sí, seguimos siendo una plaza atractiva para capitales golondrinos de alto riesgo. 

Si TC actúa en forma estrictamente jurídica, ratificará una sentencia anterior abundando en ella. Dirá que cuestión de confianza sólo aplica a temas en los que Ejecutivo tiene competencia y entonces reforma en nombramiento de magistrados en TC no corresponde presentarla como cuestión de confianza. Calificación de “inusual” a esta pretensión fáctica fue dada hace unas horas por la Comisión de Venecia. Con eso, situación se retrotrae al 30 de setiembre y toda acción “fáctica” de Vizcarra será nula. Vendría entonces la destitución de Vizcarra, la aceptación de la renuncia de Araoz y la transición con Olaechea como presidente del Congreso encargado del Ejecutivo para elecciones generales en breve plazo.

Muy difícil que lleguemos a esa situación. Aunque no es imposible, es poco probable. Tal vez el TC opte por una situación intermedia ¿Cuál sería esta? Elecciones generales con Vizcarra como presidente y congreso en funciones, además de una amnistía general para que todo lo acontecido entre el 30 de setiembre y el 17 de octubre (día del fallo de TC) no pueda ser llevado a juicio en el futuro. Una suerte de punto final. Necesitamos algo como eso.

Una vez más nuestra clase política ha preferido el enfrentamiento estéril por parte de unos y otros, en vez de acordar acciones conjuntas cediendo cada quien desde su posición. El fallo de TC será histórico. Sea cual fuere la opción que el TC defina, será materia de estudio riguroso el conjunto de los considerandos que cada magistrado deba presentar. Mientras más se alejen de criterios jurídicos, mayor será el peligro de establecer jurisprudencia nociva para el estado de derecho.

Estamos advertidos. Nuestro Perú se juega en estos momentos su futuro en el próximo medio siglo y podríamos perder la oportunidad más clara de enrumbarnos hacia el desarrollo: debemos respetar esta suerte de arbitraje fundamental, casi una refundación de nuestra golpeada y maltratada república. Dicho sea de paso, con todo lo que viene sucediendo en diversos países de nuestra región, ¡Qué momento éste que vivimos en los países hispanoamericanos! ¡Qué momento!