Todos somos antimineros

La fabulosa riqueza minera que tenemos en el Perú la hemos convertido en pobreza. En vez de que esa riqueza nos produzca desarrollo y prosperidad, como debiera, solo genera conflicto social, subdesarrollo, atraso, desigualdad y corrupción. Esta situación dramática y contradictoria se da con renovada insistencia en todas las regiones. Es la paradoja terrible de nuestra loca historia —entre la riqueza que poseemos y el desarrollo que no podemos lograr—, y deja al descubierto que todavía no somos capaces de lograr acuerdos entre el Estado, las comunidades y las empresas mineras para beneficiarnos mutuamente. Es preciso destacar que la minería aporta S/ 15,000 millones a nuestra economía, y podría aportar dos o tres veces más, de existir políticas racionales e inteligentes que lo permitan y sean respetadas.

El periodista Jaime de Althaus, en un artículo titulado “Derramando corrupción” (publicado en El Comercio), en relación a la importante mina Las Bambas, reseña los graves problemas que afronta esa empresa. Revela que incidentes producidos allí bloquearon caminos y dejaron once policías heridos, entre ellos dos de gravedad. Además, agrega de Althaus que “no hay nadie detenido ni denunciado”. La situación de Las Bambas es la misma que se repite en diversas minas desde hace muchos años. Y seguirá repitiéndose mientras no se comprenda ni resuelva la formulación de una legislación adecuada a los nuevos tiempos, a la realidad que vive el país y a las condiciones del competitivo mercado minero mundial. De no ser así, continuaremos convirtiendo nuestra enorme riqueza minera polimetálica en pobreza, conflicto y en falta de oportunidad para millones de peruanos.

Como culpables de esta situación catastrófica se señala a los agitadores radicales, activistas de diversas ONG, abogados y lobistas corruptos, políticos oportunistas, etc. Eso es cierto, pero la experiencia nos permite observar y comprender que también son antimineros los funcionarios del Estado, los ejecutivos de las burocracias empresariales mineras, así como lo son los miembros de las comunidades que rodean a las minas. Cada uno de estos grupos defiende sus intereses y no el desarrollo integral de la minería en beneficio del Perú. Todos antimineros y antiperuanos porque con su confrontación permanente y corrupta impiden a nuestro pueblo alcanzar la riqueza que le pertenece y necesita. Todos ellos forman parte del mismo sistema estatal fracasado, caduco e injusto. Tal es el caso de Las Bambas y otros proyectos, donde concurren violenta y corruptamente estos grupos que paralizan la minería.

Plantear la reforma integral del desarrollo minero es urgente y vital, pues es clave para la transformación de nuestra sociedad. Diversas voces se levantan ahora para demandar que las comunidades sean socias de las empresas, como ocurre en Canadá y Estados Unidos. Para que la bendición de nuestra enorme riqueza minera fluya y no se convierta en la maldición de una pobreza que no merecemos ni podemos aceptar.