Tía María: el referéndum es la salida

Resolver la contradicción entre la legalidad de una determinada cuestión en la gestión pública versus su falta de legitimidad y la desconfianza que genera es acaso uno de los retos más difíciles de encarar en el régimen democrático. Es este el caso del proyecto minero Tía María, y es uno de los problemas más álgidos de la gobernabilidad y del crecimiento económico no solo en el Perú, sino en la convulsionada región latinoamericana.           

Confirmada la Licencia de Construcción del referido proyecto, por parte del Consejo Nacional de Minería, en la provincia de Islay, Arequipa, la única salida viable para definir, de una vez por todas, si ese proyecto es viable o no es que los pobladores de toda el área de influencia donde está proyectada una inversión de más de US$ 1,400 millones se pronuncien a través del voto secreto, universal y directo. Tía María como emprendimiento tiene ahora toda la legalidad y soporte técnico para su ejecución, pero no tiene la legitimidad para hacerse realidad. Ese el nudo gordiano que hay que desatar.

Pretender imponer un proyecto por la vía de la fuerza sería un grave error. Intentar un nuevo momento de diálogo o volver a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, como lo anuncia el primer ministro, sería solo prolongar el problema, permanecer en el pantano y dar un discurso contradictorio. La verdad de la milanesa es que las cartas están echadas y los diversos actores políticos, sociales y económicos ya tienen una decisión tomada y no van a cambiar de opinión.

Pero la gran mayoría de la población no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, no tiene forma de expresar su voz (Islay tiene 54,695 pobladores y 43,954 electores). Hay una gran mayoría en Islay que permanece en la indiferencia o con actitudes a favor o en contra de manera pasiva. Ha llegado entonces el momento de que –frente a un proyecto minero de gran importancia, pero altamente cuestionado por algunos sectores– la población decida de manera democrática. Eso es lo que corresponde en un Estado democrático. 

Hay sectores extremistas que añoran hacer de Tía María un experimento, como las oleadas de protestas que ocurren en Chile, Ecuador, Argentina y Uruguay, fomentando la ingobernabilidad. Y hay otros que quieren un Estado gendarme de la inversión minera y de hidrocarburos, no importa que a sangre y fuego.

En realidad, ambos son poderes fácticos con razones de legalidad, de soporte técnico y que están en las arenas movedizas de la desconfianza o de expectativas crematísticas creadas. Pues bien, hay que obligar a ambos sectores a actuar de cara a la población, con todas sus razones, abriendo un amplio debate en toda la provincia de Islay, todos con las debidas garantías para exponer sus propuestas a favor y en contra. Pero luego el pueblo debe decidir en las urnas, una decisión que debe ser vinculante.  

Contrariamente, a los violentistas que añoran un momento traumático en Islay para una predica ultra izquierdista o conservadora, el Perú puede dar un ejemplo, a nivel internacional, resolviendo sus controversias de manera democrática y pacífica, no exentas de alta tensión social. La lucha anticorrupción y el involucramiento de la población en esta lucha, tal como ocurrió con el referéndum de diciembre del 2018, es una lección positiva que hay que valorar y recrear en otras circunstancias y escenarios. 

El referéndum en Islay puede tener las siguientes opciones de realización. Todos los partidos y actores de la sociedad civil deben comprometerse a un pacto para respetar sus resultados. Si el proyecto es aprobado por la mayoría de la población, el Estado debe garantizar su ejecución, al tiempo que garantiza los mecanismos de supervisión ambiental para que la población y el Valle del Tambo no sea perjudicado.

Al respecto, se han planteado varias alternativas: la creación de una oficina de OEFA en Islay que monitoree un plan ambiental; la garantía sobre la construcción de la planta desalinizadora de agua de mar; el compromiso del gobierno para construir una represa que amplíe la frontera agrícola del valle de Tambo y la garantía de un plan de desarrollo en Islay que tenga como prioridad el desarrollo, la modernización agrícola y la construcción de una moderna infraestructura de servicios de salud y educación. 

Si el proyecto es desaprobado en el referéndum, no podrá ser reactivado por lo menos durante 10 años, con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y nuevas innovaciones tecnológicas de una minería limpia. En ese caso, la población habrá decidido que la agricultura y otras actividades son sus únicas actividades de progreso, mas no la minería. Será una decisión que el Estado y la empresa deberá respetar, por lo menos durante una década.  

Si algo demuestran los proyectos mineros bloqueados –como Conga en Cajamarca, Rio Blanco y Tambo Grande, en Piura y otros de hidrocarburos– es que el Estado tiene que buscar una salida institucional democrática para resolverlos, sea para hacerlos viables con una alta legitimidad o para darnos cuenta que no son viables por un determinado tiempo. No me refiero a todos los proyectos mineros, sino aquellos “críticos”, en los que se han creado altos niveles de conflictividad social.

Lo que no se puede permitir es que esos proyectos queden regados en el camino, sin que el 100% de la población haya tomado una decisión. Esa es la gran decisión que el Estado debe tomar. Y es el desafío que los empresarios mineros y quienes estamos por una minería responsable debemos abordar. 

Urge salir de una posición estratégicamente a la defensiva y volcarnos a la población para exponer y persuadir a la población sobre las virtudes de la gran inversión minera. Es muy probable que una hipotética mayoría pasiva se transforme en una mayoría activa, derrotando a los extremistas y ecologistas a ultranza.