Sistema de pensiones en Perú

Para los libertarios cada individuo debe tener la total autonomía de decidir qué hacer con los ingresos que hereda u obtiene en su vida laboral, que puede ser gastarlos, invertirlos o ahorrarlos; en este último caso, para diversos eventos como buscar asegurar un fondo que le permita allegar recursos para cuando se jubile, para su vejez, para eventuales contingencias o para dejarlo a sus herederos.

Empero, si los ingresos que tiene y allega la persona podrían ser demasiado limitados para cubrir las aspiraciones de gasto que tiene, o peor aún no cubren la canasta básica de alimentos y servicios básicos (pobreza); y más agudo si ni siquiera la canasta de alimentos (pobreza extrema), a más de no existir costumbre de ahorrar. Ante este escenario se tiene que buscar alternativas de solución para garantizar un ingreso mínimo para cuando culmine su actividad productiva, pues caso contrario le tocará al Estado realizarlo con base en los ingresos fiscales, los que no necesariamente estarán disponibles o asignados a otros rubros y por tanto para cubrir ese requerimiento se incurrirá en déficit fiscal.

Es en este contexto que surge la necesidad de establecer lo que puede calificarse como un ahorro forzoso para no generar esta contingencia, es decir, establecer por ley un porcentaje mínimo de ahorro de los ingresos que logra el individuo durante su vida laboral, más otras vías que logren el mismo objetivo, lo cual facilita crear un fondo que permita sustentar la pensión de jubilación, que puede ser administrado por el sector público o privado. 

Cuando ingresó Carlos Boloña como Ministro de Economía y Finanzas en enero de 1991, a quién acompañé como asesor principal y jefe del gabinete de asesores, se encontró serios problemas de gestión e insolvencia en el sistema nacional de pensiones (SNP), que se había creado precisamente para manejar lo señalado en el párrafo anterior, lo que determinaba que permanentemente requería recursos fiscales para solventar las pensiones de los jubilados, situación que no sólo generaba pensiones anémicas sino que contribuía a agudizar el significativo déficit fiscal.

Era por tanto imperativo buscar una alternativa viable, adecuada y duradera  para las pensiones, por lo que se decidió examinar los sistemas vigentes a nivel mundial para diseñar e implementar el que se considerara como el más idóneo para nuestra realidad; en particular se estudió el chileno que, a diferencia del peruano cuyo esquema era de reparto, es decir, todo lo que los trabajadores aportaban iba a un fondo común con base en el cual se abonaban las pensiones, el del vecino del Sur respondía a un esquema individual donde cada trabajador tenía su propia cuenta, que era alimentada con su aporte personal más los réditos o rentabilidad que le generaba la inversión que empresas especializadas lograban en el mercado de capitales, las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP). Es así como en 1992 se crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), que inicia sus operaciones en junio de 1993, constituyéndose en una las reformas estructurales más relevantes efectuadas en el periodo 1991-1992; cabe señalar que por razones políticas se mantuvo el SNP, no obstante la pésima situación en que se encontraba y que se mantiene hasta hoy, con lo que se tenía que convivir con dos sistemas previsionales, dejando a selección del trabajador a cual accedía.    

El principal objetivo de cualquier sistema previsional, como tenía que ser el del SPP, es buscar que al término de su vida laboral el trabajador tenga la pensión más alta posible en relación con su aporte laboral, lo que se conoce como la tasa de reemplazo, lo cual depende de su nivel de ingreso, del porcentaje de aporte mensual que se fije, de la continuidad de sus aportes y de la rentabilidad que pueda obtener la AFP que elige. Esto último está sujeto a más de la experiencia, habilidad e información de los especialistas de la AFP,  a la dimensión del fondo que manejen pues ello les permite acceder a diferentes opciones del mercado de valores a nivel nacional e internacional, teniendo presente además que como el fondo es un ahorro de largo plazo pues los retiros del mismo están asociados a la fechas de jubilación de los trabajadores, las inversiones que efectúen pueden realizarlas calzando con dichos plazos y como tal disponen de flexibilidad para lograr una cartera óptima. 

Precisamente por esto último el fondo global que manejan las AFP se convirtió en la principal fuente de ahorro del mercado, con base en la cual empresas de múltiples sectores y proyectos de infraestructura de diversa índole han logrado los recursos necesarios para concretar sus inversiones. Por lo anotado el SPP se torna en un cabal “capitalismo popular”, pues los trabajadores, vía los bonos y acciones que se adquieren, terminan siendo “socios” de múltiples empresas y proyectos.            

Cuando en 1993 inicia operaciones el SPP se previó que el porcentaje de trabajadores que podría acceder a este sistema sería limitado pues para entonces, en cifras gruesas, el 80% de la población económicamente activa (PEA) era informal; es decir, no estaba registrado formalmente y por tanto no era pasible de ningún beneficio social, entre ellos el previsional; además, el 60% de la población estaba en condición de pobreza, 22% era calificada de vulnerable y tan sólo el 17% conformaba la clase media. Empero, se apostaba que con el ajuste macroeconómico y las reformas estructurales se incrementaría de manera sostenida la tasa de crecimiento económico, abriendo oportunidades de empleo adecuado y, de esta forma, se lograría progresivamente reducir estas cifras e incrementar el número de personas adscritas al SPP, como efectivamente sucedió pues al 2019 la informalidad bajó al 68% de la PEA, la pobreza se redujo al 20% y la clase media subió al 48% de la población. 

No obstante lo señalado, a partir del 2014 un sinnúmero de factores han determinado un deterioro muy serio del sistema, no sólo por las dificultades para ampliar el ingreso de cada vez más trabajadores sino, lo que es peor, al dejar al grueso de la población que estaba adscrita al mismo sin fondo alguno y por tanto sin potencial pensión de jubilación, ello como resultado de la reducción significativa del ritmo de crecimiento de la economía, agravada los últimos años, que determinó incrementos preocupantes en los indicadores antes mencionados, como la informalidad que ha subido 8 puntos porcentuales (p.p.) ubicándose en 76% de la PEA y la pobreza en casi 10 p.p. llegando al 30% de la población, a lo que se sumó la inacción para hacer oportunamente los ajustes necesarios en el SPP para ampliar su cobertura e incrementar la tasa de reemplazo, a la par con leyes inapropiadas del Congreso para permitir retiro de fondos del mismo para fines distintos de los previsionales, so pretexto de la crítica situación económica. Esto último ha generado que de los aproximadamente 9 millones de personas cubiertas por el SPP a la fecha quedarían alrededor de 8 millones con cero en su cuenta personal.     

En este contexto es imperativo parar este drenaje de recursos de las AFP para detener el número de trabajadores que se están quedando sin pensión potencial, a la par con realizar el ajuste que requiere el SPP que permita cubrir al universo de la PEA así como incrementar la tasa de reemplazo, lo que a su vez facilita cerrar el SNP. Lo ideal es que paralelamente a esta acción se hagan las reformas indispensables para reducir y eventualmente eliminar la informalidad laboral y empresarial, sin perjuicio de propender así mismo a que la economía retome el ritmo de crecimiento que alcanzó en la primera década del presente siglo y como tal pueda generar adecuados puestos de trabajo.

En concreto nos referimos a la reformas vinculadas al capital humano, es decir educación y salud, que garantiza incrementar paulatinamente la productividad, que es el elemento clave para enfrentar la informalidad, a la par con propender de manera eficaz a la equidad en la distribución de oportunidades; además, la reforma laboral y tributaria, así como la del Estado, en particular la del Ejecutivo, en línea esta última con lo explicado en mi artículo anterior publicado por este portal, en especial lo pertinente a la desregulación, simplificación administrativa y eliminación de trabas y barreras burocráticas. El reto es grande, pero hay que perseverar con convicción que esto es lo que corresponde realizar en el país para incrementar el bienestar nacional.