Retorno a la nefasta política económica discrecional

Cada vez se escucha y lee más opiniones respecto de fomentar, vía tratos diferenciados o preferenciales, a diversas actividades productivas a través de la tributación, subsidios u otros beneficios. Esto se ha hecho evidente recientemente por el proyecto de ley presentado por la congresista Tudela, que busca fomentar la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional. Sobre este proyecto hay defensores y detractores, los primeros argumentando que son necesarios los subsidios para esta industria sin diferenciación de ninguna naturaleza entre agentes y estableciendo un porcentaje máximo respecto del total requerido; mientras que los segundos, con la bandera irrestricta de la necesidad de los subsidios sin límite respecto del total –es decir, por el monto que sea necesario– introducen adicionalmente diferencias entre los aspirantes al beneficio según ciertas características. 

No obstante las discrepancias específicas señaladas sobre el proyecto de ley de Tudela, todos avalan lo mismo: trato preferencial, sean estas personas interesadas en participar en la actividad cinematográfica y audiovisual; o dependiendo de iluminados (probablemente autoridades del Ejecutivo) que creen que pueden decir qué actividades deben subsidiarse y cuáles no. Todos ellos utilizan diferentes argumentos del por qué corresponde otorgar estos beneficios, tales como la necesidad del impulso inicial –que sabemos que se torna permanente–, o porque son intensivas en mano de obra e incluso que son afectadas por las imperfecciones del mercado o normas jurídicas existentes como si ellas, de existir, no impactarán a todas y no sólo algunas de las actividades productivas, incluso se utiliza el argumento que son útiles para atraer inversión extranjera. En realidad, la imaginación para encontrar pretexto a favor de beneficios no tiene límite.

Por cierto, este no es un caso aislado, hay muchos otros, liderados por distintos agentes económicos y organizaciones de diferente índole que tienen, o creen tener, influencia para lograrlo. Es más, frente a la difícil situación económica de anémico crecimiento con visos de recesión, retoman este propósito de conseguir trato preferencial, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores.

Es muy probable que, si no todos, la mayoría de los que apoyan las políticas populistas y mercantilistas comentadas dicen creer en la economía de mercado, quizás porque está establecido en la Constitución, aunque probablemente ni siquiera la han leído, o porque está de moda o conviene hacerlo. Pero la realidad es que no entienden lo que es la economía capitalista; o seguramente sí, pero no están de acuerdo y en la primera de bastos retoman su enfoque en búsqueda de más estado y menos mercado, a favor del proteccionismo pues nunca lo abandonan, sólo lo camuflan, siempre con el sesgo a políticas populistas, mercantilistas, discrecionales.

Y todo ello no obstante que conocen los pésimos resultados socioeconómicos que al final han tenido en diferentes países la aplicación de estas políticas de los años sesenta y ochenta. Y también el alto costo que han tenido que sufrir y enfrentar los países para salir de ellas. Una, situación en la que aún se encuentran algunos como Venezuela, Cuba y Argentina, por mencionar los más complicados a nivel latinoamericano, escenario que estuvimos nuevamente cercanos a revivir y que aún no tenemos la certeza de haber erradicado. 

Es cierto que el mercado tiene imperfecciones; la gran mayoría, en el caso del Perú, generadas por el Estado, vía el Poder Ejecutivo o Legislativo, expresadas en un sinnúmero de normas legales, como las del ámbito laboral y tributario, o aquellas que generan múltiples trabas y barreras burocráticas, procesos engorrosos y complejos, así como normas administrativas absurdas. Empero, es muy relevante destacar que todo el aparato productivo y todos los agentes económicos, unos más y otros menos, están siendo afectados y que por tanto corresponde corregir esta situación de manera horizontal. Es decir, con aplicación a todo el universo laboral y empresarial.

De esta forma todos puedan beneficiarse de un mercado que cabalmente funcione, que en lo sustantivo dé las señales de dónde y cómo asignar los recursos, que por definición son escasos y por lo tanto imperativo sean canalizados a las actividades con ventajas comparativas, las que incluso pueden cambiar o dinamizarse por la evolución tecnológica y la variación o alteración en la dotación de recursos. No es vía subsidios o trato diferencial de distinta índole que debe actuarse, pues lo único que se logra es introducir más distorsiones y alterar las señales que orientan la asignación de los recursos, conduciendo a crear y sostener de manera artificial actividades que sin el trato preferencial no estarían vigentes o no podrían competir. El objetivo es poner el piso parejo para todos y que salga adelante el que baja costos e incrementa productividad y consecuentemente su competitividad.

Por ello, vía mis artículos y entrevistas en este portal, vengo planteando la urgente necesidad de acometer ya las reformas estructurales de segunda generación, que tendrán algunas resultados favorables inmediatos, como la laboral y tributaria. Y también otras más a mediano-largo plazo, como la pertinente al capital humano, me refiero a la reforma de la salud y educación, que garantizan incrementos permanentes de la productividad y por tanto mayor y mejor competitividad. En esa dirección, coadyuvará de manera significativa la reforma integral del Estado a través en especial del desmantelamiento de la profusa normatividad existente en el sector público en sus tres niveles –nacional, regional y local– y la profundización del uso de la tecnología de punta, a la par con la reducción de organismos públicos innecesarios vía la fusión o eliminación y la permanente evaluación y calificación del personal con base en la eficiencia y eficacia de su accionar.

Reitero, el llamado modelo económico iniciado en la década de los noventa requiere con urgencia las acciones precisadas en el párrafo anterior para consolidarlo y garantizar el retorno a tasas de crecimiento altas de manera sostenida. Nuevamente es oportuno insistir que esto tiene que ir de la mano con la estabilidad económica manteniendo los fundamentos macroeconómicos y con la vigencia y respeto de la institucionalidad, léase el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, la propiedad privada, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar y la transparencia, universalidad y oportunidad de la información. En este contexto la vigencia y permanencia del sistema político y económico establecido en la Constitución estarán aseguradas, es decir, la democracia y la economía social de mercado, logrando el objetivo central de mayor y mejor bienestar nacional.