¿Quo vadis, Perú?

Es lamentable y preocupante que una vez más sea pertinente preguntarnos ¿a dónde vas, Perú? (¿Quo vadis, Perú?). Más aún cuando estamos próximos al inicio de campañas políticas de cara a las elecciones generales del 2026, pues no se conoce el rumbo del actual Ejecutivo y Legislativo, así como del entorno que los respalda y acompaña, salvo que persistentemente debilitan y socaban la democracia y la economía social de mercado. Y además, en el escenario actual se están incrementando significativamente los problemas socioeconómicos del país, como el referente a la pobreza, en la cual están inmersos cerca de diez millones de peruanos, y que aumentará si las cosas siguen como van. Para colmo de males los organismos que administran y, supuestamente, hacen justicia, han perdido toda credibilidad y se han ganado la desconfianza total de la población.

En ese contexto, de seguro llegaremos al día de las elecciones con un panorama crítico y explosivo del país, propio para que los más necesitados y olvidados hagan eco a ofertas populistas que los llevarán a una situación peor. Así está demostrado no sólo en nuestro país, sino también en todos aquellos países que han aplicado políticas de ese corte, de los cuales tenemos varios casos en nuestro continente americano.

Como si fuera poco, a lo anterior se suma que los organismos privados de toda índole, que en alguna medida pueden coadyuvar a cambiar esta situación con propuestas y planteamientos integrales, exigiendo acciones en pro de solucionar los problemas de fondo, están sumidos en lo inmediato, en temas específicos que apenas arañan los aspectos centrales. En problemas de corto plazo que los agobian, entendibles en algunos casos por la trascendencia que tienen para sus temas particulares, pero ignorando que si no se corrige lo sustantivo de poco servirán las acciones o medidas puntuales. El conformismo, la complacencia y la mediocridad se están convirtiendo en un lugar común.

En este escenario y cuando lo relevante es elaborar y proponer un esquema integral o que al menos agrupe de manera consistente los temas centrales, encontramos que tanto los organismos públicos como privados plantean como gran solución, en muchos casos como la única, el incremento de la inversión, utilizando proyectos específicos para respaldar el argumento. Empero, cuando se pregunta cómo lograrlo el común denominador de las respuestas es reduciendo o eliminando la incertidumbre, sin precisar qué se entiende por ello o qué hay que hacer para alcanzarlo, salvo recurrir nuevamente a otra generalidad como es garantizar la gobernabilidad.

Claro que es válido considerar la inversión, pero como parte de un todo que asegure precisamente su constante crecimiento, pues no se trata de lograr una reacción de corto plazo, vía un proyecto que sume algún punto al PIB, es indispensable garantizar su aumento sostenido, para lo cual es cierto tener que atenuar la incertidumbre y, agregaría, la desconfianza en las entidades públicas, pero precisamente ello nos lleva a los reales temas de fondo, que tienen que enfrentarse y que pocas veces se tienen presentes como sustantivos para, precisamente, asegurar esa necesaria inversión con horizonte de largo plazo. 

En concreto, para que este motor del crecimiento que es la inversión crezca a tasa alta y sostenida se requiere la aplicación y respeto irrestricto de las instituciones, específicamente asegurar el imperio de la ley, el estado de derecho, la estabilidad jurídica y la propiedad privada, tan violentadas en todos los aspectos y a lo largo y ancho del país, basta mencionar que es este el elemento crítico por el cual aumenta descontroladamente la minería ilegal, la tala indiscriminada de madera, el cultivo y comercialización de la droga, el contrabando y la costumbre so pretexto de distintos reclamos de bloquear carreteras y destruir propiedad pública y privada.

El respeto a estas instituciones incorpora además lo pertinente  a los contratos de diversa índole que acuerdan los agentes económicos, sujetos en caso de diferencias al arbitraje o al poder judicial, pero que de ninguna manera pueden ser alterados o desconocidos de manera unilateral. Son las instituciones mencionadas, más la referente a la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar sin restricciones, salvo las establecidas por ley, las que en conjunto en gran medida aseguran el atractivo del país para convocar a la inversión privada nacional y extranjera; empero, incluso esta última institución también está significativamente alterada por la descontrolada regulación, procesos engorrosos y trabas y barreras burocráticas de las diferentes entidades públicas, caldo de cultivo además, entre otros aspectos, de la informalidad empresarial y la corrupción.

En este contexto es nítido el porqué es imperativa la reforma integral de los tres poderes del Estado, encargados precisamente de hacer respetar y cumplir las instituciones mencionadas, sin lo cual no será viable consolidar la democracia como sistema político y la economía social de mercado como sistema económico, pilares de la Constitución del año 1993.    

La afirmación de las instituciones, conjuntamente con la estabilidad macroeconómica, permite disponer de cimientos sólidos para que los motores del crecimiento, como son la tan mencionada inversión pero también la productividad, puedan evolucionar favorablemente. La estabilidad de nuestra economía se ha mantenido sólida, aunque con ciertos problemas los últimos años en razón de las dificultades fiscales que se expresan en los déficits y endeudamiento público, que deben corregirse para lo cual será indispensable la reforma del Ejecutivo, ya mencionada, y la reforma tributaria.

Dicho esto, es importante señalar que la estabilidad macroeconómica no garantiza en lo absoluto, ni es su rol, el aumento de la productividad, la cual es imperativo mejorar permanentemente pues en el mediano-largo plazo es la que puede mantener alta la tasa de crecimiento del PIB. Para lograr ello son indispensables las reformas estructurales pendientes, además de las que fueron señaladas a lo largo de este artículo, como especialmente la referente al capital humano, es decir, la de educación y la salud, la reforma de la innovación, ciencia y tecnología y la reforma laboral. Cabe igualmente acotar por su impacto en pro de la productividad la prioridad que amerita la inversión en infraestructura.

Como corolario quiero enfatizar la urgencia de precisar qué de lo explicado corresponde concretar en el corto periodo que resta a las autoridades actuales, con el mayor pragmatismo posible, buscando en lo sustantivo atenuar los vergonzosos y angustiantes resultados en términos de pobreza y que impida o al menos dificulte que políticos o personas improvisadas y claramente populistas, enemigas de la Constitución de 1993, siquiera accedan a candidatear y mucho menos por cierto a conducir al país. Adicionalmente, invocar a aquellos que creen en la democracia y la economía social de mercado, en especial a los que aspiran gobernar al país vía el Ejecutivo o el Legislativo, a elaborar un plan integral, consistente, que comprenda lo que se ha especificado en este artículo pues actúa sobre lo medular, lo que garantiza resolver los problemas agudos que tenemos y ubicar al Perú, más temprano que tarde, en el grupo de países del primer mundo.