Prioridades del ministro de Salud y el Presupuesto 2027

El 28 de agosto se ha presentado ante el Congreso de la República la Proposición Legislativa 0002-2026-2031-CR, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/ 266,506 millones, con un incremento de 8,945 millones frente al 2026, que equivale a un 3.5% de aumento. Existe una recomposición en las fuentes de financiamiento. Los recursos ordinarios, que provienen principalmente de la recaudación tributaria y constituyen la columna vertebral del presupuesto, disminuyen en S/ 3,403 millones: pasan de S/ 171,240 millones del año 2026 a S/ 167,837 millones para el 2027. Esta caída sería compensada por un crecimiento de los recursos directamente recaudados, que aumentan en S/ 8,166 millones; es decir, de S/ 9,042 millones que se presupuestó en 2026 a S/ 17,207 para el 2027. Y de los recursos determinados, que crecen en S/ 11,492 millones; o sea, de S/ 44,856 millones en 2026 pasan a S/ 56,348 millones en 2027. Ambas fuentes suman S/ 19,658 millones y compensan largamente la caída de S/ 3,403 millones de los recursos ordinarios, así como la disminución de S/ 7,467 millones de los fondos que provienen de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Esta nueva composición indica una mayor dependencia de los ingresos propios de las entidades por venta de bienes, prestación de servicios, tasas, contribuciones y rentas de la propiedad, entre otros, y de los fondos con destino específico, como el canon y el Fondo de Compensación Municipal, y una menor disponibilidad de recursos de libre programación para el Gobierno central. En el caso de la función Salud, esta menor disponibilidad de recursos ordinarios reduce el margen de maniobra del Ministerio de Salud (Minsa) para financiar inversiones, equipamiento y programas prioritarios, ya que una parte importante de su presupuesto depende de transferencias del gobierno central. Si bien el cambio implica un fomento a la eficiencia y a la autonomía de las entidades para que mejoren su recaudación; sin embargo, puede generar inequidades o el encarecimiento de las tasas, aranceles y de los servicios públicos, entre los que se encuentra la salud.

En cuanto a la estructura del gasto, se mantiene la tendencia del presupuesto del 2026: el gasto corriente continúa su expansión, mientras que el gasto de capital y el servicio de la deuda disminuyen. El gasto corriente, que agrupa los gastos de personal, obligaciones sociales, bienes y servicios, y transferencias corrientes, pasa de S/ 167,055 millones en 2026 a S/ 170,196 millones en 2027, lo que supone un incremento de S/ 3,041 millones. En contraste, el gasto de capital, destinado a la formación de activos fijos y a la ejecución de proyectos de inversión, se reduce en S/ 2,291 millones, al pasar de S/ 57,779 millones a S/ 55,488 millones. El servicio de la deuda, que incluye el pago de amortizaciones e intereses, también disminuye en S/ 1,500 millones, al situarse en S/ 31,221 millones.

En cuanto a la función Salud, el presupuesto asignado para el 2027 asciende a S/ 32,208 millones y representa una reducción de S/ 680 millones de soles en comparación con los S/ 32,880 millones del 2026. El desglose por niveles de gobierno muestra que el Gobierno nacional mantiene la mayor participación, con recursos destinados principalmente a los programas presupuestales del Ministerio de Salud, al Seguro Integral de Salud y al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de Salud, Susalud, etc. Sin embargo, la disminución del presupuesto de salud se da en un contexto de aumento de la demanda por servicios, agravado por la emergencia sanitaria por dengue y otras enfermedades metaxénicas, sarampión, fenómeno El Niño, entre otros, que genera un desfase entre los recursos disponibles y las necesidades reales de la población. 

Para comprender el impacto de la reducción del presupuesto en salud para el 2027, es indispensable conocer que, al cierre del año fiscal 2025, la ejecución del gasto en la función Salud fue excepcionalmente alta. El Minsa ejecutó el 98.3% de su presupuesto, el Seguro Integral de Salud alcanzó el 100% y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas registró una ejecución del 91.2%. En los gobiernos regionales, la ejecución también fue elevada, con un promedio del 98.2%. Es decir, los recursos fueron utilizados y no existe justificación o “colchón” presupuestario que pueda compensar la reducción de 2027. Además la ejecución presupuestal del 2026 aún está en marcha, bajo responsabilidad de los cinco últimos meses del año de la actual gestión ministerial.

En cuanto al análisis de los beneficios laborales, la Ley de Presupuesto para el 2026 fue una norma de carácter expansivo en materia de personal, nombramientos, ascensos, entre otros ocho beneficios más. En contraste, el Proyecto de Presupuesto del 2027 se orienta a la contención del gasto en personal y a consolidar los beneficios ya otorgados.

En cuanto a la reducción del presupuesto para la función Salud para el 2027, es necesario evitar que esto ocurra e, incluso, conseguir un incremento presupuestal frente al año 2026. Para tal fin, en primer lugar, la Alta Dirección del Minsa debe priorizar la ejecución del presupuesto 2026, sobre todo en los rubros donde el avance es bajo, como las inversiones en infraestructura y la compra de medicamentos, entre otros. Una óptima ejecución presupuestal suministra argumentos sólidos para solicitar mayores recursos en el futuro. En segundo lugar, el Minsa debe elaborar un informe técnico detallado que cuantifique el impacto de la reducción presupuestal en los indicadores de salud y que evidencie la necesidad de los recursos solicitados. En tercer lugar, como los afectados se encuentran en los tres niveles de gobierno, se debe articular una alianza con los gobiernos regionales y locales, pero, además, con los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y los gremios de trabajadores de la salud, con una adecuada estrategia comunicacional y con evidencias.

En cuarto lugar, impulsar una reforma del sistema de salud que mejore la eficiencia del gasto, reduzca las inercias burocráticas y fortalezca los mecanismos de compras y de gestión de personal, con la finalidad de liberar fondos para nuevas inversiones y generar confianza en los tomadores de decisiones. En quinto lugar, incluir en la Ley de Presupuesto que los recursos no ejecutados en 2026 en proyectos de inversión sean reprogramados para 2027, a fin de mantener el ritmo de las inversiones y evitar la paralización de obras en marcha. 

En sexto lugar, están las prioridades de la gestión del propio ministro de Salud, señaladas en sus recientes intervenciones y su inclusión en el Presupuesto del 2027. Por ejemplo, ha señalado, como primer punto, que su principal objetivo es fortalecer el primer nivel de atención, con el fin de construir un sistema “productivo, resolutivo, digital y orientado a resultados”. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de contar con más profesionales capacitados, equipamiento médico que realmente funcione y horarios de atención adecuados. Como segundo punto, ha reiterado que la digitalización de la salud es otro pilar fundamental, con la implementación de la telemedicina, la historia clínica electrónica y la política de “cero papel” para garantizar que los médicos tengan información actualizada e integrada de los pacientes. Y como tercer punto, ha señalado la lucha contra la anemia infantil, que, según ha explicado, debe comenzar desde el embarazo, en trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como un punto adicional se podrían agregar aspectos sueltos señalados en diversas entrevistas, como el combate al dengue, el cáncer y la reducción del desembalse quirúrgico, entre otros aspectos sanitarios, así como la existencia de problemas administrativos graves y la demora en la atención sanitaria por trámites burocráticos. 

Sin embargo, al confrontar estas prioridades con el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2027, se evidencia una desconexión preocupante. La disminución del presupuesto frente al año 2026 difícilmente puede financiar el fortalecimiento del primer nivel de atención, la adquisición de nuevo equipamiento, la implementación de un ambicioso plan de digitalización y la contratación de más personal capacitado. Al contrario, el recorte obligaría a priorizar el gasto corriente, principalmente en planillas, en detrimento de las inversiones en infraestructura, tecnología y programas de salud pública que son esenciales para materializar las reformas anunciadas. ¡El presupuesto plasma el discurso!