¿Postergar la minería?

En lo que va del año, los precios de nuestros principales productos de exportación, el cobre y el oro, han registrado alzas significativas. El metal rojo pasó de US$ 2.79 a US$ 3.02 por libra, lo que representa un incremento de 8.2%. El salto del oro fue inclusive mayor: su cotización ha evolucionado de la siguiente de US$1,523 por onza troy a US$ 1,976.5, lo que representa un incremento de 29.66%.

Hoy el mercado internacional ha sido inundado de recursos financieros, por los programas de estímulo económico implementados por los bancos centrales y de reservas federales ante la pandemia del COVID-19. Y siendo el oro un metal considerado refugio para los inversionistas, la minería mundial se ha convertido en la principal alternativa para reactivar nuestra economía.

Por eso, considerar a la minería como una opción que puede ser postergada indefinidamente constituye un error que atenta contra el desarrollo. Para comprobarlo basta con imaginar cuán sólida hubiesen sido nuestras finanzas públicas si los proyectos mineros, descubiertos hace más de una década, se encontrasen en operación.

Existe mucha desinformación, falsedad y utilización política en torno a una actividad que aporta decididamente al desarrollo descentralizado, y que responde principalmente al potencial geológico con que cuenta el territorio nacional. En otros países mineros, las políticas de estímulo y atracción de capital constituyen lineamientos de Estado que sobrepasan los períodos de gobierno de una administración.

Si se hubiesen puesto en valor los depósitos de mineral ya explorados, fácilmente el Perú habría duplicado su producción de cobre y oro, lo que hubiese entusiasmado a quienes financian actividades de exploración para incorporar más reservas probables y probadas. En consecuencia, el número de depósitos de mineral puestos en operación se habría incrementado. Algunos de los proyectos que se encuentran en cartera son Michiquillay, Galeno, Zafranal, Los Chancas, Haquira, La Granja, Ría Blanco y Tía María. Este último está listo para iniciar su construcción.

¿Cuál sería la consecuencia de lo anterior? Que habría más inversión minera de manera descentralizada, más puestos de trabajo y más ingresos para el Estado en todos sus niveles de gobierno: local, regional y nacional. Estos ingresos permitirían recomponer el aparato estatal y contar con una burocracia pequeña, pero eficiente.

La sociedad peruana requiere de los ingresos que genera la minería, que deben ser destinados a atender las principales demandas de la población. Solo así se asociará el empleo de los recursos naturales con el financiamiento del desarrollo y el bienestar, principalmente de los más vulnerables. Sin embargo, esta asociación no puede basarse en el subsidio, porque ello limita la propia autorrealización. Priorizar la formación del capital humano impulsa emprendimientos productivos y, por lo tanto, su sostenibilidad. Una mayor actividad minera implica también mayores recursos para las universidades públicas, allí donde se forman los talentos que carecen de recursos económicos para financiarse una mejor educación.

Con relación al sector minero, postergar la toma de decisiones constituye un grave error. Otro grave error es omitir la responsabilidad de ejercer la docencia pública ante la ciudadanía.