País inviable

Estamos en lo mismo, nada cambia. Ya ni siquiera leo artículos porque parecen una repetición de lo ya dicho tantas veces. El país se va directo al abismo. El Estado en crisis terminal con un Ejecutivo enfrentado al Congreso por reformas anodinas, que solo sirven como circo político a un presidente que no encuentra el rumbo; gobiernos regionales y locales alzados en lucha contra el proyecto minero Tía María, que tras años de espera consigue al fin la licencia de parte de un Estado medroso. Pero ahora resulta que esa licencia no vale un mango. La única que sirve es la famosa “licencia social”, que no existe en ningún lugar del ordenamiento jurídico.

La justicia sigue haciendo agua. Una ONG vinculada al quehacer legal y periodístico, famosa por defender terroristas, ha terminado con total desparpajo convertida en el cuarto poder del Estado. Maneja gran parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, convertidos en instrumentos de su guerra política contra el fujimorismo, que ya va para las dos décadas. Han conseguido devolver a prisión a Alberto Fujimori y meter presa a Keiko Fujimori, y hasta impiden que el PJ revise su situación. Y todo eso manipulando asquerosamente la ley, como si fuera un trapeador, y apelando a recursos claramente mafiosos, con apoyo de una prensa mediocre y prostituida.

La justicia está sometida a intereses políticos y fundamentos extrajurídicos. Veo el caso de la señorita Arlette Contreras, convertida en símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer, y me pregunto si es posible alguna justicia en ese caso, en el que la prensa ya juzgó y condenó a partir de un video de 15 segundos. Y no solo la prensa, también las oenegés feministas, las redes sociales, los políticos y hasta la Defensoría del Pueblo se han sumado al cargamontón. Un juicio que en Ayacucho determinó prisión de un año para el agresor por lesiones leves, traído a Lima —por presión de las oenegés— acabó convertido en once años de cárcel por “tentativa de feminicidio”, o sea tratar de matarla, pero fallar en el intento; y además hacerlo por el solo hecho de ser mujer. Eso se desprende del imaginario popular, pero no de los hechos. Sin embargo, ese fallo no le basta al comité nacional de linchamiento y a la sociedad de poseros indignados y defensores de causas populares. Aún exigen más cárcel, más condenas y más reparación. ¿Será posible alguna justicia en este escenario de histeria popular y presiones extrajudiciales?

Casi nada es posible cuando la sociedad se desborda y se enfrenta a las instituciones del Estado, ya sea para impedir un proyecto minero o para perturbar los procesos judiciales por intereses de grupo, políticos o ideológicos. Y todo esto debido a un Estado débil, inepto, corrupto e infiltrado; pero sobre todo, temeroso de los sectores influyentes. Un Gobierno que también se ha puesto al servicio de los intereses ideológicos del progresismo, introduciendo la agenda de género por la que nadie en el Perú votó, y que a en nada va a ayudar a resolver nuestros problemas. 

La destrucción de la democracia está en marcha. Ya sea que Vizcarra opte por el cierre del Congreso, o que se aprueben las reformas que acabarán con los partidos, el bicentenario nos cogerá con una República en ruinas, resultado de 20 años de imposición del antifujimorismo como doctrina oficial del Estado. Desde el informe final de la CVR, con su secuela de abusos judiciales contra militares y el adoctrinamiento social en el odio, con la complicidad de una prensa mediocre convertida en simple activismo barato, a cargo de personajes de baja estofa que hacen gala de sus odios, prejuicios y estupidez galopante, con el único mérito de su feroz antifujimorismo.

No le veo salida a esto. Somos un país hundido en los odios mezquinos, en la guerra tribal, en el divisionismo sectario, sin líderes y sin clase política ni intelectual. Un país a la deriva con un presidente que vive mirándose el ombligo, preocupado por su popularidad y engañado por una prensa adulona que ya no sirve ni para envolver pescado.