Darío Enríquez
¿Odebrecht engañó a Gorriti y a los fiscales peruanos?
Incompetencia, aunque también probable complicidad

A fines del 2018, el presidente Vizcarra dijo en un discurso público que “Odebrecht no debería volver a contratar proyectos en Perú”. Recibió aplausos de los presentes, ante una expresión de claro sentido común y dignidad nacional ¿Quién podría estar en desacuerdo con el castigo a esa pervertida corporación que montó un inmenso aparato transnacional para perpetrar el fraude más grande de la historia? Solo en Perú, las insaciables fauces del socialmercantilismo brasileño devoraron US$ 40,000 millones de nuestros bolsillos. Pero Gustavo Gorriti, cabeza visible del poderoso aparato político-mediático autodenominado Instituto de Defensa Legal (IDL), en forma inmediata y usando el acceso irrestricto a entrevistas televisadas complacientes en horario estelar, se permitió aparecer en TV y corregir al presidente.
Los hechos posteriores hablan por sí mismos: Odebrecht sigue contratando con el Estado peruano, ganando muchísimo dinero. Vizcarra reculó. Hace pocos días, en la Cumbre del Pacífico (Lima, 2019), el presidente colombiano Iván Duque dijo también, en su discurso oficial, que nuestros países no deben seguir contratando con corporaciones corruptas como Odebrecht. Fue aplaudido por los presentes, mientras Vizcarra a su lado, visiblemente afectado y culposo, asentía penosamente.
¿Qué dijo Gustavo Gorriti para “convencer” al presidente? Pues en los primeros días de enero 2019, frente a un endeble comunicador que leía nerviosamente las preguntas impresas en las “pautas” que recibiera de la producción del programa televisivo (sin diálogo, repreguntas ni cuestionamientos que periodistas honestos habrían hecho) el personaje hizo una ardiente, dramática y conmovedora defensa de la empresa Odebrecht, asegurando que ya había cambiado, que era otra, que ya no era el antro de megacorrupción que nos hizo trizas, y que ahora ofrecía colaboración eficaz diciendo “toda la verdad” para hacer justicia contra los corruptos. Por eso, en forma poco elegante, Gorriti se convirtió en patrocinador del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Poco elegante porque no es creíble que lo haya hecho por “amor” Aquí podemos apreciar esa entrevista (https://www.youtube.com/watch?v=jqGZbHKK-z8).
Hace unos días, un colectivo mediático en Ecuador, donde Odebrecht también hizo de las suyas, reveló información que la corrupta empresa brasileña ocultó a las autoridades peruanas, pese a que se comprometió “a decirlo todo” como en su momento había notificado su vocero oficioso Gustavo Gorriti, en la misma entrevista autocomplaciente que mencionamos al inicio de este artículo.
Todo indica que la “milagrosa conversión” de Odebrecht fue una farsa. Su vocero oficioso Gustavo Gorriti luce al menos como cómplice de esta nueva faceta delictiva de Odebrecht. Los fiscales y jueces asociados informalmente a la “cruzada anticorrupción” (véase las comillas) del aparato político-mediático IDL, al menos han sido engañados en forma clamorosa, si es que no están implicados en este despropósito delincuencia. Los hechos están allí. Se agrega a ello la declaratoria de quiebra que acaba de presentar Odebrecht-Brasil, siendo que esta entidad era garante del acuerdo entre Odebrecht-Perú y el Estado peruano. El acuerdo quedó sin garante. Demasiado para creer que se trata solo de un engaño. Más bien, es plausible plantear la hipótesis de grave contubernio contra el Estado. Tal parece que otro castillo de naipes se derrumba, pero seremos todos los peruanos quienes pagaremos la factura con una crisis de proporciones en ciernes.
¿Por qué algunos siguen evocando la crisis de corrupción que vivimos a fines de los noventa como respuesta a estos tiempos difíciles? Muchos de los que perpetraron aquellos graves delitos fueron juzgados y encarcelados. Aunque puedan cuestionarse algunas decisiones judiciales, eso fue saldado con relativo e inédito éxito para el Perú. Pero hoy enfrentamos la corrupción de las dos últimas décadas, que tiene muy poco o nada que ver con los personajes de los noventa. Sin embargo, podemos reconocer hoy los mismos patrones de perversión institucional de ese entonces, aunque con otros personajes.
En los noventa se usó como pretexto la lucha contra el terrorismo, en 2019 tenemos la lucha contra la corrupción. Entonces y ahora la disputa por el control del aparato judicial es evidente, muchos la justifican en nombre de esa “lucha”. Hay personajes, como Vladimiro Montesinos en los noventa y Gustavo Gorriti en 2019, que sin ser funcionarios públicos despliegan su poder dentro del aparato estatal en forma impune. Nadie a quien no se haya elegido o nombrado según procedimientos preestablecidos debería tener tanto poder dentro del Estado. Había entonces, y hay ahora, un enorme aparato de espionaje cuyas grabaciones se usan en forma abierta para extorsionar -algunos cándidos dicen que se hace “con buenas intenciones” (igual en los noventa que en 2019) direccionando decisiones judiciales, persiguiendo adversarios políticos e incluso dando golpes de timón en el gobierno central.
Ni hablar de los grandes medios de comunicación, es decir los poderes fácticos y la ultra concentración mediática que controla 80% de la prensa escrita y 95% de la radio y la TV. Después de mucho tiempo, desde los noventa, no se veía a estos medios tan entregados al Poder Ejecutivo de turno. Es impresionante. Las recordadas corbatitas de Fujimori y Vladimiro en una entrevista complaciente en horario estelar han sido desplazadas por la chamarra y los chalequitos de Gorriti y sus “colaboradores”. Tienen acceso cuando quieren, como quieren, con quien quieren y con entrevista complaciente, en el medio que elijan.
Aunque los medios siempre tienden a inclinarse frente al poder de turno, la forma abierta y desembozada que muestran hoy solo tiene antecedentes en los noventa del “fujimontesinismo”. Hoy es cosa de todos los días. Sin hablar de la enorme cantidad de dinero que el Gobierno central reparte entre los medios a su servicio, usando el eufemismo de “publicidad estatal”, gastando anualmente 20 veces más de lo que cuesta en sueldos y salarios el poder legislativo con sus 130 congresistas. Esta sí que es una diferencia notable, pues se perfeccionó el mecanismo corrupto y corruptor: en vez de la sala del SIN (Sistema Nacional de Inteligencia) y su mesita con “cerros” de dólares, hoy es mucho más eficaz y “limpio” hacerlo mediante “publicidad estatal” vía transferencias electrónicas. Así estamos.
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