¿Nos hemos olvidado de Doe Run?

Un gran problema que se continúa postergando

Ha pasado desapercibida, entre la bruma noticiosa generada por la prolongada huelga de maestros, la prórroga extraordinaria concedida por el Poder Ejecutivo —mediante Decreto Supremo Nº 084-2017-PCM, publicado el 15 de agosto de 2017— al proceso de liquidación en marcha de la minera Doe Run. Pocos recordarán, o querrán recordar, que en los primeros días del mes de julio de 2016, a pocos de días de tomar posesión del cargo, el entonces presidente electo Pedro Pablo Kuczynski visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (para entonces ya paralizado por cinco años) y sentenció, luego de reunirse con los dirigentes gremiales y en presencia de potenciales inversionistas chinos: "Hagamos una marcha al Congreso y pidamos, no dejes morir a La Oroya porque está en tus manos y también está en mis manos... La Oroya está agonizando, debemos darle oxígeno con inversiones".

El sentido de urgencia obedecía a que el 28 de agosto de 2016 se vencía el plazo con que contaba la Junta de Acreedores de Doe Run, controlada por el Estado, para evitar la liquidación ordinaria, cesando operaciones y vendiendo sus activos en subasta, a diferencia de la venta de una empresa en marcha. La marcha resultó innecesaria y su convocatoria por PPK quedará en el recuerdo como un anuncio de la forma en que serían abordadas las presiones sociales, o bien el primero de una serie de desatinos que vienen caracterizando sus declaraciones. No toca ahondar en este tema hoy.

En efecto, en 27 de agosto de 2016 se publicó la Ley 30502 —aprobada por el Congreso con 104 votos a favor y 3 abstenciones, y sobre la base de un proyecto presentado la Bancada de Fuerza Popular— que permitía a la Junta de Acreedores acordar la continuación de actividades en casos en que se opte por la liquidación en marcha hasta por un año, prorrogables excepcionalmente por un año más mediante decreto supremo (el que se acaba de aprobar).

Así como no se puede responsabilizar al actual Ejecutivo de la situación en la que encontró Doe Run, si se le puede preguntar qué ha hecho —desde la Junta de Acreedores que controla y desde su responsabilidad funcional— durante este primer año para conseguir “darle oxígeno con las inversiones” y cuál es su plan para los próximos doce meses. Entendemos que se ha emitido normativa que facilita el cumplimiento de los estándares ambientales, uno de los principales escollos que se enfrentaban. ¿Qué falta? Principalmente llegar a acuerdos con los trabajadores.

¿Veremos alguna solución en los próximos doce meses o veremos a PPK solicitar al Congreso —en su discurso de 28 de julio del próximo año— una nueva modificación legal que amplié una vez más los plazos, bajo la amenaza de marchar junto con los trabajadores al Congreso para demandar dicha prórroga? Toca tomar el tema con responsabilidad; todos los peruanos y, en particular, las familias de los 3,500 trabajadores directos de esta empresa en liquidación. lo agradecerán.