Mucha gerencia y poca participación

Conflictos generados por la minería pueden convertirse en crisis política

El prejuicio racial contra el indígena y el cholo sigue imperando en el criterio paternalista y prepotente de los gerentes de las empresas mineras. Tratan a los comuneros como menores de edad y los consideran incapaces de participar en la riqueza que produce la minería porque, según esos ejecutivos, los comuneros son “ignorantes”. El Estado, por su parte, tampoco garantiza a las comunidades su participación; pero sí garantiza beneficios y utilidades a las empresas que explotan las minas. Por eso, mientras el Estado no sea capaz de lograr el justo equilibrio entre las comunidades y las empresas, las confrontaciones violentas seguirán.

Los peruanos de las comunidades no van a permitir que pasen miles de millones frente a ellos sin participar de las ganancias producidas en sus tierras. Es la única forma que tienen para salir del atraso y de la pobreza milenaria en la que viven. Las empresas financian estudios y consultorías que no cuentan con la confianza de las comunidades. Los funcionarios estatales utilizan esos datos para elaborar sus informes, permisos y conceder licencias. Los comuneros, que no son técnicos, solo expresan sus opiniones, aprueban o desaprueban los temas y proyectos elaborados sobre esas bases. La ley no dispone en ningún acápite la participación de las comunidades en las rentas mineras. Eso no se discute.

Los actos luctuosos de Las Bambas confirman la lucha violenta generada por esta situación desigual y revela la alarmante incapacidad del Estado para resolver esos conflictos. Lo mismo que ocurrió en Las Bambas con muertos y heridos ha ocurrido en Tía María, Conga y Quillich; y seguirá ocurriendo con más fuerza si las comunidades no participan en la riqueza extraída de sus territorios. Es tan grave el asunto que, de producirse una paralización, puede derrumbar la economía nacional y crear una crisis política incontrolable.

Los gerentes —burócratas corporativos— alegan que invierten millones en responsabilidad social para ayudar a las poblaciones. Saben que el objetivo principal de esa política no es beneficiar a la gente, sino incrementar y proteger con esas inversiones el valor de las empresas. En cambio, las comunidades demandan y promueven la participación y la distribución de la riqueza siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Canadá y Europa. Ese es el camino para que los comuneros se sientan incluidos y las empresas aseguren su funcionamiento estable y próspero.

Los diálogos deben tener como objetivo la participación real en la riqueza. No deben seguir siendo meras conversaciones guiadas por la lógica de los gerentes y de los funcionarios estatales, quienes no comprenden las urgentes demandas comuneras.

Tino Santander Joo