Los falsos derechos anuncian a un país suicida

¿Por qué Argentina tiene los problemas que tiene hoy siendo, como es, de lejos el país de Hispanoamérica con mayores y más accesibles recursos naturales? ¿Por qué Argentina figura hoy en la penosa lista de países al borde de la inviabilidad, cuando hace menos de un siglo se ubicaba entre los cinco más ricos del mundo y como uno de los destinos preferidos de la gran cantidad de pobres que abandonaban la vieja Europa en crisis, buscando mejores horizontes? En nuestro Perú, es oportuno que reflexionemos sobre esta amenaza potencial, no solo porque el efecto del desastre social, económico y político de Argentina pueda propagarse en el vecindario, sino porque hay fuertes indicios de que ya se habría instalado en buena parte de nuestra sociedad el infeccioso germen ideológico de los #FalsosDerechos.

En efecto, partiendo del punto en que existen tres derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad, las sociedades humanas han desarrollado una serie de derechos derivados de aquellos tres, en dinámicas complejas que han sostenido nuestro proceso civilizatorio. Sin embargo, con la aparición de ideologías estatistas totalitarias —como el fascismo, el socialismo y el comunismo— en los siglos XIX y XX se abrió la caja de Pandora de los #FalsosDerechos. El mundo del siglo XXI debe enfrentar esta amenaza que pone en riesgo los avances civilizatorios en prosperidad, bienestar y progreso.

Si bien el socialismo desarrolló variantes democráticas y en principio respetuosas de los derechos fundamentales —especialmente en Europa occidental— su inclinación al estatismo nos lleva a incluirlo como parte de ese riesgo, teniendo en cuenta además que —usando la figura de lo sucedido en los primeros años de la sangrienta revolución Rusa— al final los radicales comunistas bolcheviques siempre terminan imponiéndose a sangre y fuego sobre los tibios socialdemócratas mencheviques.

Los #FalsosDerechos emergen de la arbitrariedad y la imposición abusiva de un Estado totalitario. Se les identifica claramente cuando la proclamación de un “derecho” —desde el estatismo salvaje— implica la vulneración violenta, sistemática e incontestable de los derechos fundamentales civilizatorios, en nombre de valores supuestamente superiores. Por eso, tanto fascismo como socialismo y comunismo avasallan sin mayor problema, en forma inhumana y sangrienta, “abonando” los surcos de sus funestas revoluciones con la sangre de los “impuros”.

También pulverizan nuestros derechos fundamentales aquellos falsos demócratas que, desde el mercantilismo más abyecto, succionan el dinero que el Estado arranca de los bolsillos de sus ciudadanos. Por eso no llama la atención que los corruptos mercantilistas de Odebrecht y compañía hayan pactado en forma infame con el socialismo del Foro de Sao Paulo y el reo en cárcel Lula Da Silva, para esquilmar a nuestros países, coludidos con políticos en los gobiernos, fiscales y jueces, empresas locales, medios de comunicación, expertos de la academia y grandes estudios de abogados, todos corruptos y corruptores.

En rigor, debemos decir que no existe el derecho a la salud ni a la educación. Lo que existe es el derecho a acceder a tales servicios según nuestro requerimiento, posibilidad y voluntad. Es aceptable y hasta deseable que —según convención social legítima— haya una cobertura de estos servicios provistos por entidades privadas o estatales, sin pago directo o con pago parcial de por medio, gracias a becas, subvenciones o tarifa social. Pero esta cobertura debe darse con fondos que no impliquen impedir a otros ciudadanos llevar adelante su plan de vida. Los países que han desarrollado servicios sociales eficaces tienen un soporte financiero sostenible.

El drama surrealista de nuestros países es que aplicamos impuestos confiscatorios supuestamente para brindar estos servicios, y más ineficaces no pueden ser. Nuestros hospitales y escuelas estatales son una desgracia, salvo milagrosas excepciones. Los fondos que se obtienen de la extracción de materias primas —el canon minero, por ejemplo— o de servicios con mercado cautivo —tales como peajes, generación de electricidad o agua potable— deberían aportar al financiamiento de servicios educativos y de salud, en vez de engrosar las corruptas billeteras de quienes los festinan en gobiernos nacionales, regionales y municipales. Si hospitales y escuelas estatales son entregados en administración a entidades privadas, para mayor eficacia en su gestión, sería mucho mejor.

Argentina tiene una presión tributaria efectiva que en muchos casos supera el 60%, pero su Estado —que parasita esa gran cantidad de dinero— no es capaz de brindar servicios mínimamente eficaces ni en salud ni en educación, y mucho menos en seguridad. Ocho millones de trabajadores en nóminas privadas sostienen a veintiún millones de personas que perciben ingresos del Estado: empleos estatales, pensiones, jubilaciones y pagos a aquellos que no trabajan, pero tienen “derecho” de percibir un ingreso. Insostenible. Pronto el “derecho a la vivienda” podría permitir en Argentina la implantación de la funesta modalidad de los “okupas” españoles, quienes ejercen el “derecho” a ocupar una vivienda que no esté siendo usada por sus propietarios, aunque estos la hayan dejado unos días por vacaciones.

En nuestro Perú trinan las voces de pajarillos rojos con boina, hablando de muchos de esos “falsos derechos”. Se les detecta cuando critican las reformas libertarias de los noventas en nuestro Perú (algo que Macri no fue capaz de implantar en Argentina, demostrando que no basta la receta ni los buenos modales, sino que hay que tener decisión política firme para llevarlas a efecto). También se les detecta cuando piden una nueva Constitución (otra más), para favorecer el desarrollo, crecimiento y vigencia de un Estado totalitario. Como no logran revertir el modelo que ha traído prosperidad, bienestar material y progreso a nuestro Perú, ahora intentan destruirlo desde dentro, impidiendo grandes inversiones extranjeras (mineras y otras), que son fundamentales para la sostenibilidad del modelo. Es lamentable que el presidente Martín Vizcarra se haya convertido en cómplice delincuencial de esas hordas totalitarias defensoras del estatismo salvaje.

Recordemos que, una vez iniciada la decadencia de un país que fuera potencia tiempo atrás, esa decadencia es imparable. Argentina deberá vivir otros tres infiernos antes de llegar al fondo. No permitamos que en nuestro Perú suceda algo similar, con el agravante que ni siquiera llegamos aún a ser potencia y ya nos amenaza tal decadencia. Los #FalsosDerechos destruyen la vida de millones de personas.