Lo que quedará del Gobierno de Boluarte

La duración del Gobierno de Dina Boluarte aún es impredecible. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo muestran que no tienen previsto liar bártulos; es más, no tienen la mínima vocación de hacerlo. Más allá de las preferencias sobre el tiempo de permanencia –personalmente soy partidario de que sea el más breve plazo posible–, es importante conjeturar sobre lo que quedará al término de su mandato y cómo afectará electoralmente en el futuro a sus defensores de hoy. 

Veo dos variables trascendentes: la economía y la protesta social, la gestión de ambas signará el legado de la mandataria, hoy reconvertida de credo. De aquella que en abril del 2021 declaraba: “la clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada”; a la que hace unos días asistía al relevo del capitoste del gremio de gremios empresariales, Confiep, pontificando el programa Con Punche Perú, elaborado por el equipo de su entusiasta titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras. 

La apuesta del MEF por la economía va en línea con lo tradicional: enrumbar a disminuir el déficit fiscal y el endeudamiento, lo que es correcto; y como siempre ha ocurrido, es optimista al inicio del año con la previsión del crecimiento del PBI, que lo coloca en 3.5% para el 2023. Apuesta a un crecimiento del 1.2% del PBI con el programa Con Punche Perú, con un costo fiscal de S/ 5,900 millones y con una creación de 130,000 empleos. A partir de julio próximo veremos la realidad. 

Por el lado de la inflación que ha tenido el año pasado un alto componente internacional por el carácter especulativo de la guerra entre Ucrania y Rusia, reflejado en el precio de los alimentos y combustibles. A pesar de que el conflicto bélico continúa, las expectativas de desabastecimiento alimentario y de carburantes ha disminuido, a lo que sumamos la buena gestión de nuestro Banco Central de Reserva.

En resumen, en el terreno económico no veremos grandes traumas o logros, la principal limitante será la inversión. En el clima de incertidumbre política que se vive, con un Congreso desacreditado y un Ejecutivo con bajísimo nivel de aprobación, con tendencia estatista en el sector energía, con poco margen de acción para sacar adelante los proyectos mineros, con 24 procesos arbitrales en el CIADI en Washington, es obvio que no habrá crecimiento significativo de la inversión privada y el gobierno tiene las expectativas puestas solo en la obra pública. 

El punto álgido estará en el ámbito de la protesta, que aún es problema latente como ha quedado demostrado con los luctuosos hechos ocurridos en el río Ilave, en la región Puno, con seis soldados fallecidos. A la fecha por actos derivados de la confrontación entre protestantes y las fuerzas del orden, se registran 73 muertos, y en Lima se ha ingresado a una etapa de indolencia ciudadana sobre el tema. 

En lo que viene ocurriendo en el terreno social, no todo se explica por violentistas financiados con recursos del crimen organizado, que ya en nuestro país ha avanzado demasiado: narcotráfico –cocaína, látex de amapola y marihuana–, minería ilegal, tráfico de personas, extorsión y sicariato. No se puede negar que hay un componente de insatisfacción social, que no basta con responsabilizar a los gobiernos regionales y locales por la inoperancia en la ejecución presupuestal. 

La percepción negativa del Congreso y del Ejecutivo, no se va revertir; pues no habrá grandes logros económicos que la ciudadanía en general lo perciba como consecuencia de una buena gestión y lo que va quedando es que no hay cambio en el status quo y en las regiones los fallecidos en la confrontación. Esto será una pesada carga para los defensores de mantener este gobierno hasta el 2026.