Lava Jato, complot contra Vilcatoma, Tía María y ... ¡Toledo!

Hay algo que mucha gente no quiere entender, aunque se les explique una y otra vez, y con lujo de detalles. No se trata de que a Odebrecht la extorsionaron cobrando el tristemente célebre 10% que en el Perú los políticos inescrupulosos exigen desde tiempos inmemoriales (salvo honrosas excepciones) a empresas constructoras. Eso solo sucedió en forma infame, despreciable y repulsiva, con Alejandro Toledo viajando a Brasil en el avión presidencial para exigir coima a Odebrecht. Lava Jato es otra cosa. Se trata de un grupo de empresas brasileñas, de la mano del Foro de Sao Paulo, del social mercantilismo del delincuente Lula Da Silva, el Partido de los Trabajadores y la constructora Odebrecht encabezando a los empresarios megacorruptos, quienes montaron un gran aparato transnacional de corrupción. Se trata de toda una división corporativa con decenas de "expertos" y una larga lista de coimeados: periodistas que venden su opinión, abogados que “ganan” conciliaciones y definen contratos nefastos, académicos que emiten o avalan informes fraudulentos, propietarios de medios de comunicación que manipulan, políticos que cobran coimas, etc. Todo ello para ganar grandes licitaciones en buena parte del mundo (EE.UU., Brasil, Hispanoamérica, África).

Por eso, la propuesta del presidente colombiano Iván Duque es la más coherente: hacer que Odebrecht y cía. colaboren con la justicia mediante embargo de bienes, prisión para sus directivos y transferencia de proyectos en marcha o continuidad con vigilancia estricta hasta su terminación. Luego, una sanción de al menos 10 años (si no es perpetua) para contratar con estados. Se negocia con ellos en cárcel y sus bienes embargados.

En Perú no se ha hecho eso, pues se prefirió lo que podríamos denominar el #ModeloGorriti: montar un aparato político-mediático y judicial que estaría traficando con la información, “cocinando” acuerdos con Odebrecht y aplicando prisión preventiva contra adversarios políticos y sin contar con pruebas. Es cierto que muchos de esos políticos merecerían ser encarcelados por ser parte cómplice en la larga cadena de corrupción de Odebrecht y cía., pero también es cierto que las coimas no son ni el 1% de todo lo robado en contra de todos los peruanos. Hay un sentido de la realidad que no se respeta ni por asomo.

El desconocimiento sobre lo que realmente es Lava Jato (incluso entre gente “educada”) se relaciona directamente con la enorme campaña de desinformación y manipulación que se realiza desde los grandes medios de comunicación, controlados en porcentaje abrumador (80% en prensa escrita y 95% en radio y TV) por los mismos intereses económicos implicados en el mayor fraude transnacional de la historia: la empresa Graña y Montero junto al llamado “Club de la Construcción”. El gran aparato de comunicación de masas ha logrado su propósito de concentrar la atención en la corrupción de políticos (1% de todo lo robado) y ha desatendido intencionalmente el 99% restante, porque involucra a sus intereses.

Este gran aparato de manipulación, en coordinación con operadores comunicacionales que rayan en el rol de sicarios mediáticos —hablamos de Gustavo Gorriti, el IDL y los cobardes anónimos asalariados que actúan en redes— han tratado de urdir un complot contra la congresista de oposición Yeni Vilcatoma, acusándola de ser la responsable de liberar al sicario Goro (asesino del concejal ancashino Nolasco). Tal montaje, sin pies ni cabeza, no pudo sostenerse ni 24 horas, pese a contar con una maquinaria mediática bien “aceitadita” al servicio de su fétido propósito. Dicho sea de paso, ningún medio pone énfasis en que el juez que liberó al sicario Goro es nada menos que Concepción Carhuancho. Qué cosas, ¿no? Pese a su fugacidad, la campaña ha logrado atizar el odio y desviar la atención para que olvidemos que el infame acuerdo con Odebrecht ha terminado siendo una nueva estafa contra el Perú por la inoperancia —si es que no estamos frente a complicidad punible— de los “negociadores” fiscales Pérez y Vela, junto al asesor oficioso Gustavo Gorriti y el IDL.

A esta encrucijada en la que, por primera vez en los últimos 20 años, a los poderes fácticos se les cae un montaje tan burdo como el que se pretendió perpetrar contra Yeni Vilcatoma, y que las pruebas de la estafa que resultó ser el acuerdo de “colaboración” con Odebrecht fluyen incontenibles, se suma el tema de la mina Tía María. Esto también es grave. 

Durante quince años en que la empresa Southern ha tenido que cumplir con la larga lista de requisitos que se establece para una inversión minera. Y ahora que se apresta a hacer la inversión, ese mismo Estado que estableció los requisitos dice que no puede imponer la mina y que hay que conversar. ¿Cómo? ¿Así estamos? ¿Cómo es que el Gobierno, responsable en la defensa de la seguridad jurídica y el imperio de la ley, define requisitos para invertir y, una vez que estos se cumplen, no se permite la inversión porque "no se puede imponer”? ¿Por qué pagamos impuestos y licencias al Estado si estos no tienen efecto real ni se asegura su cumplimiento? ¿Alguien podrá tomar el riesgo de invertir en un país donde el Estado define requisitos para un trámite, y cuando estos se cumplen ese mismísimo Estado te dice que no tiene la capacidad de hacer cumplir la Ley que ampara tu trámite?

Al cierre de este artículo, nos llega la noticia de la captura del expresidente Alejandro Toledo en EE.UU., como parte de un procedimiento asociado al inicio del trámite de extradición. Es probable que sea liberado en las próximas horas, sometido a comparecencia en libertad mientras se desarrolla el proceso de extradición que recién se inicia en el Poder Judicial estadounidense. Mucha gente que acompañó al corrupto expresidente desde siempre y que lo protegió hasta hoy, que en su momento lo auparon al poder y que aprovecharon esa cercanía para vivir la fiesta de los favores presidenciales —muy probablemente implicados en la cadena de corrupción, por acción u omisión— hoy ocupan puestos visibles y protagonistas en la “lucha contra la corrupción”, sea como operadores mediáticos o como falsos justicieros. Tiemblan esos felones porque Toledo no se hunde solo. 

Vizcarra y el Ejecutivo tienen más asesores que congresistas tiene el Perú, con sueldos que hasta triplican lo que se paga en el Palacio Legislativo. Pero se quejan del despilfarro que hay en el Congreso. ¿Alguno de esos asesores palaciegos, por ventura, le dirá a Vizcarra que estos cuatro temas deben ser manejados pronto y eficazmente, pues son bombas de tiempo que van a estallar entre sus manos?